Los mayores problemas de España

 

Este es un artículo tan largo que he preferido publicarlo en mi blog antes que en cualquier medio, si bien una versión resumida (sólo con temas económicos) se ha podido leer en Voz Populi en dos piezas con un título no elegido por mí.

Este no es un artículo pesimista, más bien al contrario, creo que identificar los problemas es el primer paso para poder solucionarlos. Y desgraciadamente tanto políticos populistas como muchos medios nos distraen con asuntos que no están entre los más graves que afectan a nuestro país, por lo que creo necesario hacer este recopilatorio. Empecemos (no es un ranquin en ningún caso, es una exposición):

La politización de las instituciones. - Es un tema que se está acelerando con el actual gobierno: se empezó colocando como fiscal general a una exministra y ya estamos en colocar a un ministro vigente como gobernador del Banco de España, institución que debería estar a salvo de las disputas entre partidos y que por tanto jamás debería tener a su cargo a alguien tan identificado con el actual gobierno. Incluso hemos visto a un ministro de Justicia defendiendo a la mujer del presidente, como si fuera su abogado defensor. Es intolerable. Empresas públicas, el tribunal constitucional, el CIS... hay ejemplos de sobra de algo que sabemos todos que está mal, y que los responsables de que esté pasando criticarían mucho si lo mismo lo hicieran los otros. No es un problema baladí que la independencia de tantos organismos esté en entredicho, no sólo por temas éticos, también de confianza en las instituciones y en nuestra credibilidad como país. Por otra parte, existe no sólo la circunstancia de colocar en puestos de responsabilidad a personas demasiado implicadas partidistamente, también se han dado casos de nombrar para cargos a personas completamente inadecuadas, como le pasó al exdirector general de Correos, puesto ahí por ser amigo del presidente y cuya gestión sólo se puede evaluar con un suspenso. Lo público debe estar gestionado por los mejores, porque nos estamos jugando lo de todos.

La (muy mejorable) educación. - Aunque se han mejorado algunos aspectos los últimos años, como la reforma de la Formación Profesional, nuestros últimos resultados en el informe PISA fueron desastrosos, y nuestro índice de abandono escolar es el más elevado en la UE. Personalmente, y como historiador que soy, tampoco entiendo que se enseñe tan mal nuestra propia historia y que compatriotas tan destacados como, por ejemplo, Manuel de Falla o Ramón y Cajal, sean desconocidos por los jóvenes, incluso con formación universitaria, por no ser pintores o escritores. Demasiadas subvenciones con el sello “cultural” y poca preocupación por la Cultura con mayúsculas.

La (lenta y mala) justicia. - De nuevo un tema que no sólo afecta por el daño directo, también el indirecto puesto que condiciona nuestra imagen como país a muchos niveles. Nuestra justicia es lenta y está politizada si bien lo peor son determinadas leyes aprobadas por el Parlamento, que van contra principios básicos de la Constitución española como el respeto a la propiedad privada (y aquí podemos incluir el problema de la okupación, que a su vez tanto daño está haciendo al mercado de la vivienda) o la desigualdad vista con la Ley de Amnistía (se perdonan delitos sólo a quien puede dar una recompensa política al gobierno, y no lo digo sólo yo, también el Supremo). El mal funcionamiento judicial, sea por falta de medios, sea por la mala cobertura legal, es también un problema económico ya que hace huir a la inversión. Por último, que un Tribunal Constitucional absolutamente politizado corrija tantas decisiones de jueces e incluso de la Audiencia Nacional es un disparate que exige una profunda reflexión sobre las máximas instancias judiciales y la necesidad de una profesionalidad lo más objetiva posible.

Las cuentas públicas. - Que llevemos 17 años sin superávit presupuestario y que, de hecho, el objetivo sea tener un déficit menor del 3%, es la prueba más evidente del descuadre permanente en el que viven nuestras cuentas públicas; con un gasto que supera año tras año a los ingresos, incluso cuando la recaudación fiscal se va a máximos, lo que se traduce en un mayor volumen de deuda que, a su vez, cada vez cuesta más refinanciar por el pago de intereses. Es un problema económico de los más grandes que tiene España y al que no se le dedica suficiente atención ya que su gravedad puede acelerarse en cualquier momento si llega una crisis cíclica (que puede proceder del contexto global, no tiene que ser necesariamente nacional) que haga bajar la actividad económica y los ingresos fiscales se desplomen mientras se dispara el gasto social, como suele ocurrir cada vez que hay una recesión. Con una situación tan mala de las arcas públicas, que deberían mejorar en los periodos de bonanza en lugar de seguir empeorando, ¿cómo aguantaremos nuestro estado del bienestar si viene una crisis? No hay que olvidar que la última, la de la pandemia, al haber sido universal, se ha podido combatir con apoyo internacional y endeudamiento conjunto europeo, pero la próxima quizás debamos combatirla solos.

Falta de transparencia.- Este problema tiene dos vertientes, por un lado el desconocimiento de datos que deberían ser públicos como la cualificación, desempeño y remuneración de los diferentes asesores que tiene cada ministro, incluyendo los del presidente de gobierno (y este es sólo un ejemplo, hay muchas más cifras que se nos ocultan de gastos y cargos públicos), y por otro, y más estrictamente económico, el problema con determinados datos como el del paro, en el que se han tardado años en informar de los fijos discontinuos e incluso tras eso, sigue habiendo muchas dudas sobre por qué cuenta como no parado alguien que no trabaja. Es más un asunto de falta de información, que es lo que genera los recelos, que una creencia en que haya mala fe. Pero desde luego alimenta a quien le cuesta confiar en lo que se publica desde fuentes oficiales.

Problemas medioambientales. - Contra la contaminación y el llamado cambio climático poco podemos hacer desde España, y creo que los ciudadanos ya están poniendo su grano de arena reciclando y pagando más impuestos con la excusa de ello, pero desde luego desde el gobierno sí se puede hacer algo contra un asunto atávico: la sequía. Desde el Plan Hidrológico Nacional de Aznar nadie ha tomado ninguna medida de relevancia contra este problema crónico. Cíclicamente hay escasez de agua y entonces se toman medidas donde siempre es el español de a pie el que hace sacrificios (desde no poder usar la ducha de las playas a pagar más por lo mismo, pasando por quien tiene cortes de agua periódicos), ¿cómo es que nadie toma medidas antes, cuando todos sabemos que la sequía volverá?

Irrelevancia exterior. - Más allá de que somos miembros de la UE, nuestra política exterior nos ha convertido en irrelevantes a escala global. Es evidente que algo estamos haciendo mal cuando, además, recibimos piropos de organismos tan lamentables como Hamás o gobiernos tan discutibles como el de Maduro en Venezuela. Nuestra debilidad tampoco ayuda a expulsar a sus países a los ilegales que entran en España.

Sensación de indefensión del ciudadano. - Es un problema grave tanto por los ejemplos concretos como por la sensación, que cada día es más amplia, de que el estado no nos defiende cuando nuestros derechos están siendo asaltados. Es el caso de la okupación, en la que la Administración no sólo no protege la propiedad privada, además en muchos casos se pone del lado del infractor. Ningún particular debe sufrir en su casa las vulnerabilidades (caso de que las haya) de otros, eso es responsabilidad del estado. No tiene sentido que la policía detenga a quien se adueñe de mi coche pero no a quien se meta, o deje de pagar las cuotas, de mi casa. Este asunto además desincentiva el alquiler. Siendo una vergüenza que ningún gobierno solucione esto, y que incluso parte del actual simpatice con los okupas, no es el único ejemplo. Que alguien que cometa decenas de faltas tenga inmunidad para seguir delinquiendo porque nadie ha legislado para que la reiteración de faltas se convierta en delito, es de una dejadez hacia las víctimas inclasificable. Y, por qué no, también provoca indefensión que se viole la -garantizada por la Constitución- igualdad de sexos dando más credibilidad en una declaración a una mujer que a un hombre, por poner sólo un ejemplo de eso que llaman “discriminación positiva” pero que es discriminación a secas.

Relativismo moral. - Cuando a alguien le parece bien que un juez investigue a la pareja de Ayuso pero mal que lo haga con la de Sánchez (o con su hermano), y lo mismo lo contrario, estamos asistiendo a un acto de relativismo moral: lo bueno y lo malo sólo depende de nuestras simpatías. Y es algo que se está instaurando a tantos niveles que cada vez más parte de la población entra en ese juego y ante hechos similares, su juicio cambia dependiendo de afinidades. Alguno dirá que por qué este tema filosófico es un gran problema, y lo es por dos motivos: uno es que somos una democracia, y por tanto el voto del indecente vale lo mismo que el del decente, y si como sociedad aceptamos ciertas cosas, entonces una mayoría votará sin juzgar comportamientos faltos de ética (por ejemplo la mentira) y por tanto tendremos el gobierno que nos merecemos. El segundo es que esto ha llegado a las leyes por culpa de un Parlamento que ha entrado en este relativismo, por ejemplo decidiendo que la malversación (que está mal, y todos deberíamos estar de acuerdo en ello) no es un delito si el que malversa no se beneficia directamente de ello, como si yo quedara exculpado por robar en una tienda si regalo todo lo robado.

Desempleo. - A pesar del absurdo actual clima de euforia respecto al empleo, lo cierto es que somos líderes en desempleo (y en infra empleo) en nuestra área económica, y con mucha diferencia. La tasa de actividad (58,9%) está por debajo del nivel de 2008 (60,7%) y prácticamente no ha variado desde 2019 (58,7%), la tasa de empleo (52,3%) también está por debajo de 2008 (53,8%) aunque sea mayor que antes de la pandemia (50,5%). Por otra parte el paro efectivo sigue rondando los 3,3 millones, como en 2019 y con menos horas trabajadas por ocupado que hace 5 años según la EPA (410,4 contra 438,2 entonces). Es más, contra una cifra oficial de parados de 2.561.067 personas hay otra de 4.255.216 “demandantes de empleo”, cifra que no se ha movido en dos años a pesar del aumento de las afiliaciones. Y es que, como ya comentamos, la afiliación -que sí está en récord-, se maquilla con récord de pluriempleo. A esto se suma que los salarios reales han caído, según la OCDE, los últimos 5 años y que España supera a la media de la UE, la eurozona y hasta a Grecia, en el índice de miseria.

Vivienda cara y escasa. - Uno de los mayores problemas que hay, con muchas vertientes. Por un lado la económica: un alquiler caro reduce la capacidad de consumo y una compra cara aumenta el endeudamiento; además, si se reduce el número de operaciones inmobiliarias, los (excesivos) impuestos que cobran las administraciones se reducen. Por otro está la social que además tiene otra consecuencia al ayudar al envejecimiento poblacional. Y es que la escasez de vivienda a precios asequibles, tanto para alquiler como para propiedad, retrasa la independencia de los jóvenes y la formación de familias con hijos.

La solución no es fácil pero los últimos gobiernos han tomado medidas contraproducentes y además el Parlamento no ha legislado del modo adecuado para proteger a los propietarios y a los caseros del problema de la okupación y la inquiokupación que, más allá de lo humillante que resulta en un estado de derecho, reduce la oferta de habitabilidad. La connivencia legislativa con los que no pagan sus deudas perjudica también el alquiler social de los ayuntamientos, algo común en otros lugares de Europa; y es que en muchos municipios no desalojan ni obligan a pagar a los numerosos inquilinos morosos de viviendas públicas. Mientras esto no cambie lo de construir para alquilar con dinero público, acabará siendo una utopía porque quien sabe que puede no pagar, no pagará, por muy barato que sea el alquiler. Esto provoca que seamos todos los que sí pagamos nuestras deudas, los que acabemos financiando a los que no. Así pues la Administración lo que debe hacer es favorecer la construcción y legislar para que los morosos paguen, aumentando con ello el número de caseros, incluidos ayuntamientos. Ideas como la de favorecer convertir locales comerciales u oficinas en viviendas de un modo más ágil y barato parecen mejores que limitar los precios, algo que nunca jamás en la Historia ha funcionado y ya hemos visto su fracaso en Barcelona, por ejemplo.

Ataques a las libertades. - Aunque ahora es un tema de actualidad porque el gobierno que prometió quitar la llamada “Ley Mordaza” ahora quiere ponerla en las redes sociales, lo cierto es que es un proceso que lleva ya mucho tiempo. No me quiero explayar porque es un tema demasiado obvio, pero no quería dejar de citarlo.

Política territorial injusta. - Muy grave que tantos votantes vean con buenos ojos que se genere más desigualdad entre territorios a cambio de que gobiernen los suyos. No se deberían comprar los apoyos parlamentarios de esta manera. De nuevo un problema con dos vertientes: la irresponsabilidad del gobierno de turno (y de los miembros del partido que lo aceptan) y la de PP y PSOE por no ser capaces de evitar el continuo chantaje de los partidos nacionalistas (hoy en su mayoría independentistas) al no pactar entre sí ni cambiar la ley electoral.

El cupo vasco, amparado por la Constitución, fue un error de la Transición motivado seguramente por la creencia de que ayudaría a acabar con el terrorismo etarra (craso error), y ampliarlo a otra comunidad autónoma rica como Cataluña, sólo empeorará la situación de las regiones más pobres y/o de las que tendrán que aportar más, si es que no queremos aumentar, de nuevo, los impuestos y la deuda, de todos los españoles. Lo más absurdo es que una medida claramente antisocial, la ejecuten partidos que presumen de ser de izquierdas.

Menospreciar el turismo.– Esto tiene dos vertientes, por un lado la actitud de parte de la sociedad, que cree que ellos son los únicos que tienen derecho a visitar cualquier lugar en el mundo, y les gusta, mientras critican a los “turistas” que llegan a sus ciudades; por otro, la de las autoridades, que sacan pecho de los datos de crecimiento del PIB, en gran parte conseguidos debidos a nuestros récords de facturación en actividades directa e indirectamente relacionadas con el turismo, a la vez que critican la actividad en sí. Es una hipocresía. El turismo de masas es un gran avance social propiciado en gran parte por la liberalización del tráfico aéreo, y últimamente en España de algunas vías de alta velocidad, así como de plataformas de alquiler barato como Airbnb, que permiten que personas de clase media puedan disfrutar de unos viajes que hasta hace unas décadas estaban reservados sólo para las personas más ricas. Y encima por todo el mundo. Eso, que beneficia a los españoles, también lo hace para los de fuera, que tienen derecho a vacacionar en España a unos precios que se pueden permitir y que dejan un fuerte beneficio económico aquí. ¿Sería mejor si sólo vinieran multimillonarios? Por supuesto, y que llovieran billetes de 100 euros del cielo.

Hablando en serio, claro que es un problema que en España no tengamos otras actividades de mayor valor añadido, como la tecnología, que permitirían pagar mejores sueldos y salarios fijos, pero mientras eso ocurra (algo difícil en gran parte culpa del escaso incentivo a la inversión por culpa de las trabas burocráticas y los impuestos) no podemos permitirnos prescindir del turismo. Hay que protegerlo (y por supuesto mejorarlo), tanto el que viene de Madrid (nada hay más absurdo que criticar a los que proceden de la ciudad que acoge más españoles de todas partes) como el que viene en aerolíneas de bajo coste repletos de sedientos ingleses. Porque volvemos a la hipocresía: nos molesta que beban aquí pero no el aumento de ingresos por los impuestos del alcohol o por el aumento de actividad económica de los bares. Tampoco los empleos que genera.

Excesiva deuda pública. - El continuo aumento del volumen de la deuda pública viene propiciado por el desajuste continuado entre ingresos y gastos en los Presupuestos Generales del Estado. Y eso sucede a pesar de que la recaudación fiscal está en máximos históricos. Aunque es positivo que el crecimiento de la deuda sea menor al del PIB (y por eso llevamos varios trimestres que la ratio deuda/PIB baja), lo cierto es que son muy malas noticias. A corto plazo porque a más volumen de deuda, mayor pago de intereses, a medio y largo plazo porque al ser un problema global, a la primera crisis financiera (ya lo vimos en 2012) que haya, los costes se dispararán ante la enorme competencia para colocar deuda que existe entre todos los países y empresas del mundo. Por otra parte, llevamos años creciendo porque venimos de un fuerte desplome en 2020 y nos está ayudando un turismo que difícilmente puede crecer más y unos fondos europeos que están cercanos a acabarse. Lo normal es que la deuda vuelva a crecer más que el PIB dada la vocación de gran gasto público de nuestros gestores políticos por lo que la ratio deuda/PIB dejará de bajar; y dado que en este siglo ya llevamos tres crisis económicas globales (2001, 2008 y 2020, aunque la primera no existió en España gracias a los efectos de la entrada en el Euro) estaremos muy mal preparados para la siguiente. No olvidemos que a la de 2008 llegamos con un 40% de ratio deuda/PIB y ahora superamos el 100%.

Degeneración política. - No me quiero explayar mucho, todos sabemos cómo está la situación en España (y en otras partes del mundo), el crecimiento de la radicalidad y el ansia de poder de algunos que amenaza la necesaria separación de poderes, son hechos muy graves. Más lo es que en una democracia, donde el voto de la mayoría es lo que debe valer, el votante no castigue estos hechos. Es un problema enorme el precedente que se está creando en esta legislatura porque si la mentira, el ataque a la justicia, la politización de las instituciones, los cambios legales a cambio de un apoyo parlamentario etc. salen gratis, se puede convertir en la norma habitual para el futuro, dado que nadie que haya apoyado lo que ha hecho Sánchez con el CIS o el Tribunal Constitucional, por poner dos ejemplos muy obvios, podrá criticar que lo haga el siguiente.

Limitaciones de la sanidad pública. - El envejecimiento poblacional no sólo dispara el coste de las pensiones, también aumenta enormemente el gasto sanitario. Es evidente la falta de recursos de las comunidades autónomas para poder abordar esto, más cuando la atención es universal, algo que es minoritario en el planeta. Siendo la sanidad uno de los pilares básicos de nuestro estado del bienestar, hay que cuidarla y para ello hay que aumentar las inversiones. Dado que somos un país que gasta más de lo que ingresa y que tiene tanta deuda, cada vez que se plantea un aumento del gasto, aunque sea tan necesario como este, hay que racionalizarlo e intentar ayudar con un aumento de ingresos y otras vías. El pago de una cuota para atender en Urgencias y así desatascarlas, puede ser una opción, fomentar el uso de la sanidad privada otro, bajar la nota de corte para la entrada en la carrera de medicina por parte de las universidades ayudaría a que hubiera más profesionales etc. En cualquier caso, parece necesario recortar gastos de otras áreas menos importantes para los españoles (reducción del gasto político por ejemplo, eliminando el senado, reduciendo el número de diputados, prescindiendo de traductores innecesarios…) para mantener una sanidad, que tampoco debe servir para atender a todas las personas del globo de forma gratuita.

Pensiones insostenibles.- Este es de los mayores problemas económicos que padece España y que con más irresponsabilidad está siendo abordada por nuestros gobernantes (y por el principal partido de la oposición, que dudo mucho vaya a cambiar algo jugándose tantos votos como se juega) ya que es evidente el problema y no sólo no se hace nada para resolverlo, además se empeora al empeñarse en elevar el coste de las pensiones públicas por efecto del IPC (algo que no se le garantiza ni siquiera a los empleados activos de la Administración), que sumar al propio de una sociedad envejecida con cada vez más población pasiva y menos activa.

Con menos cotizantes por cada pensionista, asegurar que el segundo cada vez gane más a costa de que se aminore el sueldo del trabajador actual (no sólo por el factor de solidaridad que empieza en enero, también porque es más gasto que se cubre con más impuestos y más deuda) no tiene sentido. Al final lo que todo el mundo debe entender es que las cuentas deben estar equilibradas y dado que la recaudación (ingreso) está en máximos por la presión fiscal y por el crecimiento económico, queda recortar gastos. Y el de las pensiones es el mayor. Claro que es injusto que alguien cotice toda su vida y luego pierda poder adquisitivo pero el sistema es así, y desde luego es también injusto que el trabajador en activo también lo pierda (porque nadie le garantiza que su salario suba lo mismo o más que el IPC y además paga más impuestos, tanto en su nómina como en su vida cotidiana). Al fin y al cabo, una persona mayor con décadas de ingresos detrás suele tener un patrimonio que no tiene un trabajador de, por ejemplo, 30 años, por lo que es injusto socialmente beneficiar al pensionista en detrimento de la población activa. Del mismo modo los descuentos por edad en transporte, por ejemplo, también lo son, ya que todas las ayudas deben ser por renta, dado que cada vez hay más jubilados que tienen más ingresos que trabajadores en activo.

Demasiadas micro pymes. - La estructura empresarial de España tiene un defecto y es el pequeño tamaño de la inmensa mayoría de las empresas. Esto implica muchos inconvenientes, tanto para realizar inversiones (dificultades para captar financiación por ejemplo), innovar (es muy complicado con una estructura mínima aplicar novedades como por ejemplo la IA), exportar, crear numerosos empleos fijos y bien pagados, acceder (e incluso estar informados) a subvenciones, rebajas fiscales, ayudas de la UE… Las causas de esto no se pueden cambiar a corto plazo pero lo que no se debe hacer es entorpecer a la que quiere crecer, y hay que reducir el alto coste burocrático que supone pasar de 49 a 50 empleados, así como aplicar medidas que ayuden, como elevar el umbral de facturación para los pagos fraccionados del impuesto de sociedades y la liquidación de IVA o el necesario para constituir un comité de empresa de 50 a 100 empleados o ampliar las deducciones por reinversión de beneficios… medidas todas que ayudarían a dar un salto de tamaño.

Problemas de Transporte. – La saturación a la que ha llegado la red ferroviaria, especialmente la de cercanías, por culpa de la falta de inversiones y la gratuidad (sin discriminación por renta) que ha elevado el número de usuarios, ha estropeado un servicio que, en general, llevaba años funcionando bien en la mayoría de sitios. Todo el dinero se ha gastado en una alta velocidad que ha beneficiado a otras compañías diferentes a Renfe gracias a la liberalización, quedándose la empresa pública el difícil cometido de la media distancia y las cercanías. Y encima lo ha gestionado muy mal. Con todo, los políticos se empeñan en priorizar este transporte contra los vuelos, mucho más baratos para el usuario. Más allá del problema en cuanto a los viajeros, también hay uno atávico: el desaprovechamiento de la red para las mercancías. Tanto que se habla de ecología y siguen siendo los camiones el medio principal, con mucha diferencia, para transporte de suministros, infravalorando el tren nadie sabe muy bien el por qué.

Reforma de la Administración. - No es un tema estrictamente económico pero afecta muchísimo a la economía. Con el avance de la informática es absurdo que tengamos más empleados públicos que nunca y la atención al público haya empeorado. Eliminación de burocracia y de duplicidades, reducción de normas absurdas, mayor control contra el absentismo laboral… llevamos décadas con gobiernos que actúan contra medidas de lo más razonables que mejorarían el caos que supone enfrentarse a la Administración para cualquier gestión. ¿Por qué Justicia y Sanidad no puede funcionar tan bien como lo hace Hacienda? Son servicios públicos básicos, aunque no se obtenga de ellos una rentabilidad económica directa como en el caso del fisco. 

Inmigración ilegal. - Lo primero que hay que dejar claro es que somos un país envejecido, y eso no va a cambiar en al menos un cuarto de siglo aunque nos pongamos todos a hacer hijos hoy, con lo que es una realidad que tenemos que asumir. Necesitamos emigración joven, necesitamos trabajadores. Puede parecer un sinsentido con el problema del paro que tenemos pero es así, en España los emigrantes no quitan el trabajo a casi nadie porque a la inmensa mayoría de sus empleos (e incluyo muchos negocios cara al público, no sólo el cuidado de ancianos) no optan nacionales. Tampoco hay que confundir a quien por su raza o religión parezca extranjero cuando no lo es, como hemos visto en la selección española. Quien es español, es español y no emigrante.

Dicho esto, no podemos tener un estado del bienestar como el que tenemos sin tener bien blindadas nuestras fronteras porque un exceso de ilegales dispara el gasto público. Eso como problema económico, luego está el mucho más polémico choque cultural (que también se produce con la emigración legal) y que daría para reflexiones que se escapan a este formato. Lo que sí está claro es que no se puede luchar contra el que viola nuestras fronteras dejándole pasar y colocándole en diferentes puntos del país. Es un absurdo creer que eso soluciona algo, ya que alguien sin papeles está condenado, para poder vivir, a actividades como mínimo alegales y, en muchas ocasiones y por desgracia, directamente ilegales. ¿Qué otra opción le queda si la propia Administración le permite vivir en España pero no poder tener un trabajo? Por otra parte, el Parlamento por un lado favoreciendo leyes contra la reincidencia y el ministerio de Exteriores con convenios por otro, deberían acelerar la expulsión a sus países de origen de todos aquellos que delincan una y otra vez. Pero vamos, que el problema original viene de dejarlos pasar.

Demasiadas subvenciones. - Esto engloba muchas actividades en las que el dinero público se reparte con demasiada ligereza, especialmente cuando, como hemos visto anteriormente, tenemos demasiadas deudas. Habría para muchos artículos ir desglosando las principales, pero no puede faltar en esta lista un toque de atención a los que creen que el dinero público puede repartirse alegremente.

Unas breves conclusiones:

España no tiene un problema de racismo, ni de homofobia ni de machismo, cualquier estudio nos deja muy bien en esos aspectos en comparaciones con otros países. Nuestros problemas son otros aunque el gobierno tienda a confundir prioridades. Pero no es el único, hay mucha confusión entre lo que de verdad importa. También lo hay a la hora de identificar lo que debe resolverse antes; por ejemplo, el problema de los MENAS no existiría si se resolvería el de la inmigración ilegal, ni el del agujero de dinero público que es RTVE si no existiera el actual despilfarro en lo público, aplaudido por tantos gestores. Tampoco me parece que exista un “conflicto catalán” tan grande como para estar en esta lista, ya que creo que es algo hinchado debido a la manipulación política.

También debemos darnos cuenta que hay problemas irresolubles a corto e incluso diría a medio plazo, como por ejemplo el del envejecimiento poblacional. Vivimos más años y hemos decidido tener menos hijos, esto es así y por más que muchos defiendan que esta última cuestión es económica, claramente no lo es. La mayor natalidad sucede precisamente en los países más pobres, algo que no pasa en los más ricos, ni siquiera donde hay mayor conciliación familiar y ayudas a las familias, ya que los motivos suelen ser otros. Al final el planeta no tiene un problema de exceso de población, sino de reparto de jóvenes, y por eso la emigración va a ser una constante ineludible por más choques culturales que traiga aparejada. Y eso tampoco parece que pueda cambiar, al menos desde España, ya que determinadas “culturas” son las que son, y nadie creo que tenga previsto cambiar eso en aquellos países.

Otros problemas que hoy son muy graves, como el agujero de la Seguridad Social por culpa del alto coste de las pensiones, prácticamente desaparecerá solo. Para 2060, que casi todos los del baby boom ya habrán fallecido, es posible que se encuentre el equilibrio entre cotizaciones y gastos. Pero claro, en más de tres décadas seguro que también surgirán nuevas preocupaciones.

Personalmente creo que el primer paso para resolver gran parte de todos estos asuntos es cambiar radicalmente la política de este país, y para eso es necesario un rearme moral y educativo de la sociedad. A pesar de lo mucho que nos gusta autocastigarnos, lo cierto es que España avanza a pesar de sus políticos pero no podemos seguir exculpándoles de sus mentiras e ineficacias por afinidad ideológica o porque nos parecen los mejores candidatos para que no ganen los otros. O hacemos más responsables de su gestión a los que ostentan el poder ejecutivo, y frenamos su asalto a los otros poderes en los que se divide el estado, o nuestra decadencia está asegurada.