Que el rescate sea justo

Pymes y autónomos. Esta crisis está siendo brutal para ellos. Pensemos tan sólo en los 180 mil bares que hay en España, esas 180 mil familias que se quedan sin ingresos y en sus empleados. Y sumemos los restaurantes, y los empleados de los hoteles y hostales, la mayoría del pequeño comercio… y encima pensemos que es probable que el turismo internacional ni en verano vaya a venir a España si el miedo al virus persiste… son muchas tragedias que, desde un punto de vista económico, será difícil que pueda compensarse con los ingresos y el consumo de todos los españoles que no van a perder su trabajo. Por eso ya comenté el viernes que los paquetes de ayuda de todos los gobiernos son necesarios e imprescindibles aunque destrocen nuestras cuentas públicas. Ya habrá tiempo de arreglarlo después, y es lo que hay que exigir a nuestros gobernantes: que cuando volvamos al crecimiento podamos tener un colchón para afrontar situaciones como la actual, que hagamos los deberes como por ejemplo lleva haciendo Alemania los últimos años.
Y por desgracia, como ya pasó tras la última crisis, el estado puede que acabe rescatando a muchas entidades privadas. Y no hablamos de financiar o avalar a pymes y autónomos como ya se ha anunciado, hablamos de grandes empresas de nuevo. Y en todas partes. Puede parecer injusto pero tiene un sentido tanto económico como social, por ejemplo la quiebra de Iberia podría agravar mucho la recesión, llevar al paro a miles de españoles, provocar un agujero en las cuentas públicas por reducción de ingresos y aumento de gastos e incluso provocar una crisis financiera por los bancos que tienen créditos o participaciones en ella. Ante esa perspectiva, el estado va a actuar. Mucho más si el implicado en un posible rescate es una entidad financiera por el pánico que podría provocar.
Pero no debemos dejar que vuelva a pasar lo que ha pasado estos años, por ejemplo en España con las cajas de ahorro. Y no digo que al final hubiera que nacionalizarlas y sanearlas porque eran de responsabilidad pública al ser de ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas, sino cómo empezó: dándoles dinero a cambio de nada e iniciándose con ello la bola que nos va a acabar costando 40 mil millones de dinero público (más 20 mil millones que tuvieron que apoquinar el resto de bancos y que muchos olvidan casi siempre) si no es más dada la delicada situación de Bankia y las pérdidas de la Sareb. Si el estado presta dinero de todos a unas empresas porque su caída tendría un peor coste económico y social, debe ser con condiciones ventajosas para el estado. En mi opinión lo mejor es adquirir participaciones (cambiar dinero por propiedad) a cambio de dedicar los beneficios futuros a sanear la empresa, no puede ocurrir que empiecen a repartir dividendos. Veamos por ejemplo en los EUA el caso de Boeing que ha estado años dedicando miles de millones a comprar acciones propias y presumir de lo bien que iba la empresa porque subía mucho en bolsa, en lugar de crear un fondo de liquidez para emergencias y ahora solicita ayuda a su gobierno. Si se la dan debe ser a cambio de que no haga eso.
Para estados ya muy endeudados como el nuestro algunos podrían pensar que quizás la mejor opción sería la japonesa, que fuera el banco central el que comprara directamente acciones. Yo esto lo veo como mecanismo para frenar los desplomes bursátiles pero no me parece una solución ya que el dinero de BCE se iría no a la empresa sino a otros accionistas que venderían en mercado esas acciones, y además sería muy difícil imponer condiciones que creo necesarias. Para mi lo mejor es que la compañía en problemas vendiera su autocartera a precio cero y/o ampliara capital que se quedaría íntegramente el estado y que esa participación le diera poderes especiales temporales hasta que todo ese capital no sea devuelto. Si como parece el shock es temporal es posible que incluso el erario obtenga beneficios. Quizás el mejor ejemplo lo tenemos en la operación que llevó a cabo el Tesoro de los EUA adquiriendo acciones de Citigroup en 2008 y vendiéndolas a finales de 2010 con un beneficio total bruto de 12 mil millones de dólares.
Puede parecer una visión muy optimista pero si tenemos en cuenta que las actuales cotizaciones de la bolsa española están muy por debajo del valor en libros, y lo que está pasando es que este año –y sólo este año en principio- los resultados serán muy malos, es cuestión sólo de tiempo que vuelvan a ser buenos. Los bancos van a seguir siendo un buen negocio, y con tantas ayudas no parece que la morosidad se vaya a disparar de momento, las aerolíneas están en problemas pero pocos dudan del valor de los aviones y de la enorme probabilidad de que según pasen los meses se restablezca el tráfico aéreo… y así caso por caso. Otro tema es que una empresa puntual pueda estar mal gestionada, por eso es importante que el paquete accionarial que caiga bajo el control del estado otorgue a éste capacidades especiales.
Tampoco es plan de que una empresa que no solicite ayuda de dinero público resulte perjudicada en su competencia por otra que sí las recibe, y por eso hay que propiciar fusiones dentro del mismo sector. No tiene sentido por ejemplo que el estado se quede con un banco cuando puede subvencionar –por ejemplo con ayudas fiscales o un crédito- que otro que no haya pedido ayudas, se lo quede. Siempre hay que mirar por lo que más rentable, económica y socialmente, resulte al erario porque no puede volver a ocurrir lo del rescate de las cajas. Estoy convencido que incluso haciéndolo mejor pérdidas habría habido, pero no creo sea el caso actual. Creo que esta posible ayuda puntual, que como todas las que se están dando y prometiendo, aumentará nuestra deuda pública, podrían acabar con un coste reducido, sobre todo si BCE se compromete a que el coste de financiar esa deuda se mantenga bajo.
Puede que no nos quede otra que romper temporalmente toda prudencia a la hora del gasto público, pero eso no significa que no podamos convertir parte de ese gasto en una inversión productiva, tanto económica como socialmente.

La burocracia en el ojo ajeno

Hay 19.675 entidades públicas en España, sean del Estado, autonomías, ayuntamientos o diputaciones. Una amalgama de organismos (que algunos gustan de llamar “chiringuitos”) de los que, en muchos casos, se desconoce cuál es su función y si tienen o no actividad. Esto supone que hay un organismo público por cada 2,390 habitantes. Esto en un país en el que, además, las nóminas que dependen del sector público (que incluyen las pensiones) superan a las del sector privado. No entro en si esto es mucho o poco, al fin y al cabo, el porcentaje de empleados públicos en España es del 16%, por debajo del inglés o del francés y casi la mitad que el noruego. Lo que sí me llama la atención es que siendo España así, haya tantos españoles que critican a la UE por su “excesiva burocracia”.

De nuevo de lo repetido hasta la saciedad, especialmente estos días por los que afirman que Reino Unido ha hecho muy bien en irse, a los datos… hay un mundo de diferencia. En las instituciones, organismos y agencias de la Unión Europea trabajan en torno a 50.000 empleados públicos propios (funcionarios y agentes), un número similar a los que tiene la comunidad autónoma de Murcia (sin contar empleados de sus entes locales, universidades y de la administración general del estado en la región). Y eso que hablamos de una autonomía gobernada históricamente por la derecha y cuyo gobierno está siendo apoyado en la actualidad por el partido de ámbito estatal más crítico con las instituciones europeas. 

Otra crítica es la cantidad de normas y leyes que salen de la UE. Y lo dicen como algo malo, ¿cómo puede ser negativo que se intente homogeneizar con reglamentos únicos un área económica en el que hay libertad de circulación de personas y mercancías? Si no se trabajara en ello, eso derivaría en una indefensión en cuanto pasáramos de un país a otro, sería muy difícil que un europeo se sintiera protegido del mismo modo en diferentes países o que una empresa pudiera vender sus productos de forma homogénea en Finlandia y en Portugal a la vez. Precisamente lo que habría que trabajar, en mi opinión, dentro de la UE es por una mayor uniformidad: mismo código penal, mismo código civil, misma regulación de las penas de tráfico… Si todos somos democracias que beben de los mismos valores, no veo por qué nuestras leyes y su aplicación no pueden ser similares. Es más, sería deseable –para mi- incluso hasta una fiscalidad similar. Mientras esto no exista, son imprescindibles estos reglamentos “supranacionales”.

Pero yo respeto al que cree que esto no debe ser así, y que estamos dando demasiado poder a la UE, lo que no puedo defender es la crítica absurda. Yo también detesto muchas cosas de la UE, especialmente el escaso poder del Parlamento ya que todo lo importante lo deciden los jefes de gobierno o sus mandados pero, por ejemplo, sin una regulación sobre cómo una conservera de tomate debe presentar su producto para poder venderlo en toda el área económica, los problemas serían mayores y, de hecho, la unión económica no funcionaría bien, ¿Qué eso implica unas normas muy detalladas? Evidente pero si esa norma es necesaria y sus consecuencias son positivas, ¿qué problema hay?

A nivel empresa el ahorro que supone una única homologación en lugar de hacer cada una de cero en cada país, habiendo tantos productos diferentes ya es un ahorro importantísimo. Y si encima se consigue con un número de empleados más escaso que el de una pequeña autonomía española, mejor que mejor. Otro tema es que la política de la UE a veces nos guste y otras veces no porque, con cierta lógica, cada país tiene sus propios intereses (pasa igual cuando se discute en España por ejemplo la financiación autonómica) pero la UE es mucho menos “burocrática” que España, así que parece un poco injusto ser tan crítico con ella y tan poco autocrítico con nosotros, al menos en ese tema.

Microsoft cumple 45 años y Windows sigue brillando

La compañía cumple 45 años el 4 de abril, y la compañía casi sinónimo de computadora personal aún domina el mundo con su producto más popular en su ilustre historia. El sistema operativo Windows, creado 10 años después de la fundación de Microsoft, se puede encontrar en el 73% de todas las computadoras de escritorio y móviles en el mundo.

Infographic: Microsoft's Windows Still Synonymous with Computer | Statista

La Transición (y 2)

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La Transición 


Menos de dos años después de la muerte de Franco los españoles pudieron haber elegido como presidente del país a la mayor figura opositora al dictador en los años ´70: Santiago Carrillo, que se presentó como líder del PCE. Sin embargo los españoles democráticamente le otorgaron menos del 10% de los votos. Los catalanes tuvieron sus primeras elecciones autonómicas más tarde, en 1980, pero al único partido abiertamente independentista, ERC, le dieron menos del 9% de los votos y en Euskadi, en las autonómicas del mismo año, Herri Batasuna, el entonces brazo político de la ETA, conseguía el 16,55% de los apoyos. Es evidente pues que, aunque la Transición estuvo dirigida por personas que venían del franquismo, fueron los españoles de entonces con sus votos los que decidieron entre todas las opciones y prefirieron votar, en los primeros años de la Transición, masivamente a UCD y a PSOE en las nacionales y a CiU y a PNV en las catalanas y vascas, algo que, cambiando algunas siglas, ha seguido sucediendo al menos hasta 2019, por lo que no parece que sean muy coherentes las críticas actuales a lo que decidieron los votantes de entonces. Eso en cuanto a la política, pero nos quedaba pendiente hablar de la situación económica de aquellos años.

Hay que empezar por aclarar, sobre todo a los más jóvenes, que si bien ideológicamente la dictadura franquista es considerada de derechas por sus valores conservadores, su política económica se acerca más a la izquierda, de hecho no es la primera vez que comento lo similares que fueron las medidas tomadas por el franquismo más duro en España y el castrismo en Cuba. Lo que ocurre es que en 40 años hubo muchos vaivenes y en los 60 se aprecia una ligera liberalización pero con todo y con eso, muchos de los puntos del programa económico de, por ejemplo, Podemos (sí, Podemos y no Vox) ya existieron en aquella época: grandes empresas públicas (muchas en situación de monopolio), bancos públicos y con los privados muy intervenidos (de hecho durante la mayor parte del franquismo estuvieron prohibidos los bancos extranjeros), control de precios (eso que ahora se quiere volver a imponer), mucha vivienda de protección oficial, alquileres subvencionados (la famosa Renta Antigua que tantos años perduró), gran protección al trabajador contra su despido etc. etc.

Tras el Plan de Estabilización de 1959 en el que la economía autárquica franquista da un giro radical, y en el ambiente de la Guerra Fría –en el que el país consigue el apoyo decidido de los EUA a cambio, entre otras cosas, de las bases militares-, España crece de 1960 a 1973 más que ningún otro país de Europa (lo que nos seguía situando en la cola –en 1973 nuestro PIB per cápita era el 64% del europeo- ya que partíamos desde muy atrás), nos abrimos al turismo y se dispararon las contrataciones en el sector servicios y la construcción (provocando con ello un movimiento migratorio del campo a las ciudades aún más descontrolado del que ya se estaba produciendo sin frenar tampoco la emigración al extranjero). Si bien se cometieron muchos errores ya que -y esto os sonará a lo que pasó con las cajas de ahorros en la última crisis-: “con la concesión de vías privilegiadas de crédito y de otras ventajas a determinados sectores y empresas públicas y privadas, los Gobiernos de Franco provocaron que la inversión industrial se distribuyera en función de los intereses políticos o particulares de los dirigentes de turno y no conforme a la rentabilidad o a las expectativas de futuro de cada sector”.

Otro problema fue el alza de precios que generaría ese crecimiento económico que llevaron a un alza del IPC del 9% en los primeros años de los ´70. De ese modo cuando llega la crisis mundial de 1973 por la subida del precio del crudo (que se cuadruplicó de octubre de 1973 a enero de 1974), la reacción del débil gobierno español, atenazado entre la decrepitud del jefe de estado y la muerte del presidente Carrero Blanco ese diciembre, fue intentar calmar los ánimos y tomar medidas sociales que supusieron pan para aquel hoy y problemas para el mañana. De hecho, repercutieron sólo parcialmente al consumidor la subida del crudo (era aún más importante que ahora puesto que las centrales térmicas que sostenían la mayor parte de la electricidad del país usaban fuel) y no aplicaron ninguna medida de ajuste ni de control de la inflación, subiendo los salarios incluso por encima del IPC.

Cuando en el verano de 1976 llega Suárez al poder el empeoramiento de las cuentas públicas es muy evidente: la inflación supera el 20% y el desempleo –que apenas superaba las 100 mil personas 3 años antes, llegaba al medio millón. El terrorismo, las huelgas y toda clase de problemas derivados de los cambios políticos no ayudaban a una economía que iba sin rumbo. Como hicieron los últimos gobiernos franquistas, intentó aplacar las consecuencias de la crisis con concesiones a los que más protestaban; el mejor ejemplo en formato legal es la Ley de Relaciones Laborales de 1976 que, según recogen medios sindicalistas de izquierdas “es sin duda la cota más alta de derechos laborales individuales que jamás hemos alcanzado: readmisión en sus propios términos ante el despido improcedente; presunción directa de la contratación indefinida; reforzamiento de la subrogación empresarial; exigencia de visado del finiquito; exigencia de expediente para el traslado, fuerte causalidad y derecho de consorte; disminución de la jornada laboral de 48 a 44 horas semanales y descanso de 12 horas entre jornada y jornada; descanso de 15 minutos en la jornada continua de 6 horas; autorización administrativa para la modificación del horario; ampliación de la maternidad posparto a 8 semanas y de la excedencia por maternidad hasta 3 años; constitución del FOGASA; previsión de la revisión semestral del SMI si el índice general del coste de la vida aumentaba un 5%, etc., etc.”

Pero tras las primeras elecciones de 1977, Suárez comprende que la economía se está yendo a pique y es entonces cuando encarga al profesor Enrique Fuentes Quintana (al que le concede una vicepresidencia económica) que saque al país del atolladero. Con minoría parlamentaria y la necesidad de ajustes, el panorama se tornaba sombrío pero la oposición -e incluso los sindicatos- estuvieron a la altura y en octubre de 1977 se firman los Pactos de la Moncloa que derivaron –si queréis verlo con más detalle AQUÍ por ejemplo- en algunas medidas económicas:

  1. Un ajuste económico a corto plazo basado en la contención salarial, una política monetaria restrictiva, la reducción del déficit público y la adopción de un sistema de cambios flotantes para la peseta, con la consiguiente devaluación.
    2. La introducción de algunas reformas consideradas indispensables en el nuevo contexto político: modernización del sistema fiscal, aprobación de un nuevo marco legal para las relaciones laborales y liberalización del sistema financiero.
Los “ajustes” tuvieron cierto éxito en la reducción de la inflación si bien redujeron el crecimiento. Lo malo es que llegó la caída del Sah de Irán y la llegada de Jomeini y de nuevo el precio del crudo se disparó (se triplicó de enero de 1979 a diciembre de 1980) y con el déficit público tan alto, esta vez sí que las subidas de precios se trasladaron al consumidor. Este empeoramiento económico -que también disparó el paro por encima de los 2 millones- tiene una gran responsabilidad tanto en la dimisión de Suárez el 29-E de 1981 como en el intento de golpe de estado del 23-F del mismo año como en la mayoría absoluta (y desplome de UCD) del PSOE en octubre de 1982 con un Felipe González que prometió crear 800 mil puestos de trabajo pero disparó la tasa de paro EPA del 16,61% cuando llegó al poder al 21,48% 3 años después, llegándose por vez primera a los 3 millones de parados.
El caso es que como vemos, más allá de estar de acuerdo o no en las medidas económicas tomadas entonces (todo muy resumido ya que hay mucha miga detrás) vemos cómo el contexto internacional pudo desbaratar la Transición e influyó decisivamente en la política pero que en 1977 partidos de todas las ideologías se unieron para, entre otros muchas cosas, tomar decisiones económicas conjuntas por más que algunas medidas fueran contra su ideología (¡hasta el sindicato Comisiones Obreras vio la necesidad de hacer un ajuste!). Yo huyo de mitificaciones, y sé que aquello no aparenta ser tan bueno como algunos cuentan pero que hechos así parezcan tan imposibles de ver en la España de hoy, resulta deprimente.

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