Si hay una obsesión presente en todo discurso populista, es la de insistir en que los ricos paguen más impuestos. Lo cierto es que ya lo hacen, y no sólo porque sus ganancias sean mayores (es decir, en volumen), también en porcentaje. Nuestro sistema fiscal tiene figuras impositivas como el IVA o las tasas que no son progresivas pero el IRPF lo es desde siempre.
Aunque hay intentos ya en el siglo XIX, se puede decir que el primer impuesto sobre la renta en España lo sacó adelante en la II República el ministro de Hacienda Jaume Carner. La Ley Carner, conocida como “contribución general de la renta”, entró en vigor a primeros de 1933. Lo cierto es que era un impuesto claramente destinado a los ricos pues existía un mínimo exento anual de 100.000 pesetas, cantidad tan abultada que, en la práctica, sólo 5.000 personas tenían que pagarlo. No tuvo mucho éxito, de hecho apenas 3.000 lo presentaron y, de todas formas, fue olvidado con la Guerra Civil y el franquismo. En este largo periodo existieron varias leyes fiscales pero, en general, los impuestos sobre la renta eran marginales. De hecho, se calcula que en 1957 la presión fiscal era del 9,6% del PIB, nada que ver con el entorno del 40% actual. El impuesto directo más importante era el de los rendimientos del trabajo y, aunque en la reforma de 1964 se desarrolló el impuesto complementario sobre la renta, no aportaba más del 1% de la recaudación total del Estado. Básicamente sólo lo pagaban las gentes del mundo del espectáculo donde las retribuciones eran públicas, puesto que Hacienda no tenía acceso a las informaciones bancarias.
La preocupación por el escaso ingreso tributario en
España a finales del franquismo llevó a que el profesor Enrique Fuentes
Quintana publicara un libro verde de la fiscalidad (1973) cuyo objetivo era
lograr una "mayor justicia distributiva". Básicamente se criticaba
que en España había demasiado impuesto indirecto y poco impuesto a las rentas
personales y a los beneficios empresariales. Es conocida la anécdota de la
visita que Fuentes Quintana hizo junto con el entonces -lo era desde 1969-
ministro de Hacienda, Alberto Monreal, a Franco en 1973 en la que le exponen la
conveniencia de un impuesto sobre la renta y otro sobre el patrimonio. El jefe
del estado les despidió con muy buenas palabras y al día siguiente… cesó a
Monreal de su cargo. No obstante, Fuentes Quintana siguió en sus trece y en
junio de 1975, con Franco aún vivo, en su discurso de ingreso en la Real
Academia de Ciencias Morales y Políticas se atrevió a criticar la fiscalidad
franquista: "La regresividad del sistema tributario español impide que el
impuesto desempeñe su función político-social a favor de una distribución justa
de la carga fiscal y de una distribución más equitativa de la renta".
En 1977, tras la victoria de la UCD de Adolfo Suárez,
Fuentes Quintana es nombrado ministro de economía y vicepresidente segundo. Con
la ayuda de Fernández Ordóñez, ministro de Hacienda (también muy crítico con la fiscalidad, ya
que decía que el impuesto general sobre las personas físicas que existía
entonces no era un impuesto, ni era general, ni era sobre la renta) se ponen a
trabajar en lo que al año siguiente fue el IRPF. Gracias a los Pactos de
la Moncloa,
hubo un amplio consenso político para sacarlo adelante. El primer IRPF de
España contaba con 28 tramos y tipos impositivos que llegaban hasta el 65,5 %.
Era un impuesto que afectaba a todas las personas con ingresos superiores a las
300.000 pesetas. Aunque el IRPF no dejaba de ser una copia de otros modelos
similares típicos en la Europa Occidental desde hacía muchos años, para los
españoles era una novedad, e hizo falta mucha pedagogía (y mucha publicidad)
para animar a los españoles a presentarlo. Nació el eslogan “Hacienda somos
todos”, ampliamente difundido en campañas televisivas protagonizadas por
personajes famosos. como Bárbara Rey. En los primeros años se publicaban
listas con los datos de todas las declaraciones que cualquiera podía
consultar. El secuestro de un empresario, que aparecía como el contribuyente
con más ingresos de España en esas listas, detuvo esta práctica.
En estas más de cuatro décadas ha habido muchos
cambios en el IRPF, especialmente llamativos fueron los cambios prácticos que
introdujo la presidencia de J.M. Aznar, a la postre funcionario de Hacienda e
inspector de finanzas del estado, que simplificó y modernizó la cumplimentación
y presentación anual, que antes de él se rellenaba en páginas con calcos. Ha
habido en estas décadas subidas y bajadas de impuestos pero la tónica general
siempre ha sido la misma: el IRPF es un impuesto progresivo. No sólo paga más
en cantidad quien más gana, también paga más en porcentaje. A esto se suma que
existe un impuesto al patrimonio que sólo pagan quienes poseen más. Por tanto,
el impuesto “a los ricos” ya existe: tanto si es por acumulación como por
ganancias. Según cifras de 2021, un 0,06% de los contribuyentes (aquellos que
ganaron más de 600.000 euros) son responsables del 6,74% de los ingresos. Si
los unimos a los que ganan más de 150 mil euros, apenas 125.000 personas (de 22
millones de contribuyentes) aportaron el 17,15% del total recaudado. Podemos
estar de acuerdo o en desacuerdo con el actual IRPF pero nadie puede poner en
duda que perjudica a los que más ganan. A eso hay que sumar el de patrimonio y,
en general, los impuestos “al lujo”. Por ejemplo, un 1,51% de coches
matriculados -los de más de 60.000 euros- generaron un 13,08% de todo lo
ingresado por impuestos de matriculaciones.
Por supuesto pagar más impuestos no le da a nadie más
derechos, algo que quizás deberían tener en cuenta aquellos que creen que por
ser sus comunidades autónomas más ricas, y por tanto aportar más al estado,
deben tener competencias -e incluso privilegios- que otras no tienen.


