La corrupción sale demasiado cara

Los datos son muy claros: en la última década el gasto público se ha incrementado un 50% (en realidad, la mitad si tenemos en cuenta la inflación pero sigue siendo una cifra alta) y la presión fiscal sobre el contribuyente ha aumentado 4 puntos del PIB, lo que unido al crecimiento de éste, ha impulsado la recaudación en más del 70% (de nuevo podemos restarle la mitad por la inflación pero sigue siendo un número enorme). Es decir, cada vez pagamos más impuestos, cada vez el estado recauda más, cada vez el gobierno destina más de ese dinero al gasto público pero… la mayoría se va en pagar pensiones y otros gastos sociales como el IMV y mientras, caen las inversiones en casi todas las demás partidas, a pesar del aumento de dinero. Esto se ha traducido en peores servicios públicos, algo que prácticamente todos -incluso los que siguen apoyando a este gobierno- percibimos. El problema mayor es que ese empeoramiento cuesta vidas, no sólo por el desgraciado accidente ferroviario de Adamuz, también en hospitales con mayores listas de espera por ejemplo. Y si a eso se suma el factor corrupción, el mal destino de lo recaudado por Hacienda empeora todavía más la situación.

Cuando alguien minimiza el gasto en señoritas de compañía, sobornos, mordidas etc. que se han vivido en la gestión de los fondos públicos en España, con el argumento de que son una cantidad muy pequeña en comparación a las partidas presupuestadas, está confundiendo el verdadero coste de la corrupción. Más allá de temas éticos y más allá de que es intolerable lo que, por ejemplo, ha pasado en el Ministerio de Transportes durante la época de Ábalos, parecen olvidar que el asignar determinadas obras a empresas que han pagado por su adjudicación, implica que no se ha optado por las más confiables ni por las de precio más competitivo ni, en resumen, por las mejores. Esto tiene una repercusión directa en el mal servicio al ciudadano. Y, en ocasiones, ese daño incluso se traduce en accidentes mortales, y éstos en una reducción de la sensación de seguridad necesaria para el viajero, y esa desconfianza quién sabe si en menos turistas, nacionales y extranjeros,

Es como las subvenciones mal asignadas, que no sólo aportan un dinero público inmerecido a determinadas compañías, además perjudica a las que sí lo merecen pero no les llegan los fondos. Y si no hay sólo un error de gestión, sino que además viene de una mordida (como parece en el caso de la aerolínea Plus Ultra), de nuevo la corrupción perjudica al tejido empresarial del país, restando eficiencia y productividad a nuestra economía. Incluso lo que no suele denominarse corrupción y suele serlo (como gastar dinero a espuertas en empresas públicas deficitarias buscando efectos propagandísticos, caso RTVE por ejemplo), también tiene un coste que va más allá de ese dinero malgastado. Porque lo que se dedica a esos propósitos, no se destina adonde debe, que puede ser perfectamente la supervisión de una vía de tren. Y es que nada debería ser tratado con más cuidado y honestidad que el dinero público, puesto que de él depende en gran parte nuestra seguridad. Educación, sanidad, transportes… todo es parte de unos presupuestos limitados. Y lo que se saque de ellos para llenar los bolsillos de quienes no lo merecen, deja de estar para lo necesario. Esto es algo muy obvio, y cada cargo público tiene una obligación ética pero también económica. Y no valen excusas.

Tampoco es ni ético ni económicamente adecuado comprar votos en el Parlamento a costa de aumentar la desigualdad territorial, otra forma de corrupción. Lo que ocurre es que los últimos tiempos en España estamos normalizando lo que jamás debería ocurrir, como que el gobierno por puro afán de poder, no convoque elecciones y prefiera seguir prorrogando los Presupuestos Generales del Estado año tras año. También es una forma de corrupción hacer algo a sabiendas de que es lo peor para tu país, ya que no tener Presupuestos impide muchas inversiones necesarias y aumenta la arbitrariedad de las mismas (facilitando con ello la corrupción), ya que nada está asignado previamente. Gastarse más de dos mil millones de euros en adquirir el 10% de Telefónica es un ejemplo perfecto de esto, ¿cómo es posible que sin Presupuestos esto haya podido ocurrir? Y sobre todo, ¿Cuál es la verdadera razón de que se haya hecho? Nadie ha visto ninguna mejora de ningún tipo en la compañía, ni se pueden establecer criterios de servicio público, pero curiosamente sí hemos encontrado que Movistar ha adquirido un documental, que nadie más durante años ha querido comprar, sobre Pedro Sánchez en la Moncloa y que todo apunta a que tiene un sesgo claramente propagandístico. ¿Acaso eso no es corrupción también? Como si no fuera bastante con el dinero de todos que se tira en cadenas de televisión públicas por todo el país.

Del mismo modo, que en otras democracias avanzadas haya dimisiones porque se asuman responsabilidades políticas de los errores y de las mentiras y en España los afectados no se den por aludidos, incluso cuando una mayoría de parlamentarios lo pida, también es una forma de corrupción. Empeñarse en mantener a cargo de un ministerio a alguien claramente inadecuado es lo contrario de un buen servicio público e insisto, es un problema, además de político, económico. Aunque claro, en buena lid nuestro presidente no podría cesar a nadie por lo mismo que él lleva haciendo años.

Lo que sí sabemos que hizo Zapatero

 Los casi ocho años de presidencia del hoy imputado fueron nefastos si tenemos en cuenta las cifras económicas. Por ejemplo, la EPA cuando él llegó marcaba una tasa de paro del 11,5% y cuando se fue era del 21,52%. Sin embargo, muchos han disculpado este legado tan negativo debido a la crisis global de 2008. Efectivamente, la llamada Gran Recesión fue prácticamente universal y no se le puede achacar a un dirigente de un país concreto, y menos de uno con tan poco peso planetario. Eso no quiere decir que no cometiera gravísimos errores (y me centro sólo en economía) que lo hacen merecedor de una severa crítica, más allá de temas ideológicos o éticos.

Cuando el PSOE ganó las elecciones de 2004, inesperadamente y gracias a la mala reacción del gobierno en funciones de Aznar ante los atentados de Atocha, se encontró un país con una tendencia muy positiva: PIB creciendo a buen ritmo, creación de empleo, muchos síntomas de convergencia con Europa… Pero claro, el principal motivo de toda esa bonanza tenía nombre y apellidos: burbuja inmobiliaria. Algo que -obviamente- no podía seguir siendo el motor económico de España, incluso si no se fuera capaz de ver los riesgos que se estaban acumulando. Ni el presidente ni su equipo económico hicieron nada: los precios de las viviendas siguieron escalando, el endeudamiento de los hogares (que se podía haber frenado por ejemplo limitando la duración de las hipotecas) adquiriendo bienes sobrevalorados, continuó. Y nada se hizo para frenar la orgía de crédito en la que entraron las entidades financieras, especialmente las de responsabilidad pública. Y es que las cajas de ahorros, con numerosos intereses políticos alentados por la Administración, eran capaces de prestar dinero a promotores, inmobiliarias y compradores… cuando todos respondían por un mismo activo que, además, tenía un precio irracional si se comparaba con la media salarial española.

Todo eso fue responsabilidad de J.L.R. Zapatero, como lo fue negar la evidente crisis que llegaba para así salir reelegido en 2008. Ahí, para el que no lo supiera, quedó evidente la ignorancia del electorado sobre la economía, ya que muchos se creyeron las mentiras que se dijeron en la campaña electoral de marzo de aquel año, cuando la gravedad de la situación era evidente a escala global. El día que murió Pedro Solbes en 2023 se publicaron muchos artículos (yo también escribí uno ) que, como suele pasar cuando alguien fallece, destacaban sus logros. Los tuvo pero eso no puede hacernos olvidar que fue vicepresidente y ministro de economía y hacienda desde 2004 y no sólo no hizo nada para evitar lo que acabó ocurriendo, además en esa campaña electoral defendió la gran mentira de que no estábamos en crisis. Nos mintió a todos para que su jefe saliera reelegido. Y por desgracia lo fue, y si en su primera legislatura Zapatero no hizo nada para evitar el desastre, en la segunda lo aceleró.

Según empeoraba la situación, Zapatero, en lugar de recortar para reducir el enorme déficit presupuestario, subió los impuestos e impulsó más medidas de gasto público (¡quién no recuerda el Plan E! en el que municipios que se quedaban sin ingresos al caer la actividad económica se gastaban fondos estatales en reformar fuentes, por ejemplo) hasta el punto que se volvió contra el ministro Solbes que tan leal le había sido; lo destituyó en abril de 2009 porque éste defendía una política fiscal restrictiva. La patada para adelante del presidente apenas duró trece meses: en mayo de 2010, agobiado por Bruselas (que temía tener que rescatar a España como hizo con Grecia ese mes por vez primera), anunció las medidas más duras adoptadas por un Gobierno español desde la transición, que incluían rebajas salariales para funcionarios y congelación de la paga a los pensionistas, además de fuertes recortes de gasto.

¿Y qué decir de su reacción ante la crisis financiera nacional, que negó una y otra vez (“estamos en la champions league” decía)? No se le ocurrió otra cosa que crear el FROB, que básicamente se dedicó a darle dinero a las cajas de ahorros sin ningún tipo de condicionante. Ya sabemos cómo acabó aquello: como las cajas no pudieron devolverlo, probaron fusionándolas (como si sumar entidades quebradas mejorara algo) y al final el estado las tuvo que nacionalizar y al hacerlo, se vieron comprometidos miles de millones de dinero público que tuvieron que gastarse en que no quebraran. Para colmo, cuando empeoró la crisis griega y con ella la de la Eurozona entera, el ejecutivo de Rajoy se vio obligado a malvender las cajas (con la prima de riesgo disparada), y el dinero se perdió para siempre… Y encima hay quien lleva años echando la culpa al gallego (que yo también creo que lo pudo hacer mejor pero que realmente tenía pocas opciones) del monstruo que dejó el vallisoletano.

Resumiendo (porque esto daría para una tesis), y siendo claros: Zapatero dejó España hecha unos zorros. Primero viviendo de las rentas que le dejó Aznar sin cambiar lo malo que éste dejó y minusvalorando los riesgos que venían; y después reaccionando equivocadamente a la crisis en prácticamente todos los frentes. Se fue de la Moncloa dejando 5 millones de parados, un déficit presupuestario de casi el 10% del PIB y una deuda pública que casi doblaba la que se encontró cuando empezó a gobernar. Si encima del pufo que dejó en el erario por sus malas decisiones, se ha dedicado -si se confirma, que yo defiendo siempre la presunción de inocencia- a cobrar comisiones por influir en el destino de fondos públicos, su comportamiento está en línea con el mal desempeño que tuvo como presidente hacia la economía de los españoles.

El mapa mundi real (versión de la ONU)

 El mapa de la Tierra al que estamos acostumbrados tiene errores muy graves debido a la complicación de hacer una proyección plana de una esfera, este sería mucho más apropiado (debajo se pueden ver las diferencias que en general son que partes del hemisferio norte como la actual Rusia y Groenlandia son en realidad mucho más pequeñas, y lo contrario pasa con algunas zonas del hemisferio sur):

La paradoja del turismo

 La absurda escalada diplomática entre Italia y España a propósito de los males marroquíes, ha provocado que el gobierno español decida poner controles a los ciudadanos procedentes de Italia. Más allá de lo torpe de esta medida, que más bien parece fruto de una pataleta, están sus consecuencias en el turismo. Italia es el cuarto país del que proceden más turistas (casi 5,5 millones) aunque por suerte no llega a los números de los principales pero hay algunas zonas, especialmente en las Islas Baleares (sí, esas en las que de vez en cuando hay manifestaciones por la “masificación” de gentes que vienen a gastarse el dinero allí), donde su ausencia sí se puede notar, y como tal, alguna cadena hotelera ya ha protestado. Y es que a todos nos gusta ser turistas pero a muchos les molesta que los demás lo sean. Lo que desde luego, en términos estrictamente económicos, nadie puede afirmar que el turismo no sea -como decía aquella película de 1968- “un gran invento”.

Lo que hace seis décadas empezó como una actividad económica modesta que ayudaba a que aumentaran nuestras reservas de divisas, se ha convertido en uno de los pilares de nuestro Producto Interior Bruto, con 3,18 millones de afiliados en el sector (un 14% de la fuerza laboral). El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) ha proyectado que el gasto de los visitantes internacionales en España alcanzará los 121.100 millones de euros en 2026, lo que supone estar -en el mundo- sólo detrás de Estados Unidos y China, países muchísimo más grandes. Turespaña ya ha publicado los datos del primer semestre que se han saldado con un incremento del 5% de los viajeros internacionales lo que en números absolutos implica, según el INE, casi 46,6 millones de llegadas y un 7% más de gasto.

Por eso cualquier medida que suponga un descrédito para España, como que nuestras fronteras no sean seguras, como que aumente la delincuencia, como que se pierda la fe en la fiabilidad de nuestra red de transportes (o en nuestra red eléctrica) como que pongamos controles porque nos hemos enfadado con otro país… es decir, cosas que con este gobierno están pasando, es peligroso. Porque los turistas no vienen sólo por el clima, también porque la infraestructura del país -cualquiera que haya viajado fuera lo sabe- es de las mejores del mundo para los visitantes aunque haya aspectos, como en el típico ejemplo del iceberg, que no se noten a simple vista y muchos se queden sólo con el tópico del sol y las playas. Por ejemplo, cuando disfrutamos de uno de esos desayunos buffet en algún hotel, incluso alejado de rutas muy transitadas, no nos damos cuenta del

enorme mérito que tiene la distribución alimentaria en España. Ya en la pandemia pudimos comprobar lo bien que funcionaron los establecimientos de comida (y de otros muchos productos) y no es una tarea fácil mantener el listón tan elevado. Requiere de muchos trabajadores, muchos vehículos de reparto y, por supuesto, una buena organización entre los productores -agrícolas, ganaderos, de envasado, de procesado etc. etc.- y los clientes finales. Esa cadena que algunos minusvaloran porque creen que en el camino entre el campo y la mesa no hay gastos.

¿Y qué si el turismo es de masas, acaso eso no es un avance social? Hace 100 años sólo podían viajar los ricos, hasta hace muy pocas décadas sólo ejecutivos y potentados cogían aviones, ahora un obrero de Liverpool puede disfrutar de la Costa del Sol con unas pocas horas de diferencia, igual que uno de Algeciras puede viajar a Roma. Si hablamos en términos estrictamente monetarios, es mejor que venga un alto ejecutivo japonés a Madrid o Barcelona y compre entradas para museos y espectáculos y coma en restaurantes caros pero aquí no sobra nadie, hay capacidad para todos. Además, hay cierta confusión con el beneficio real que deja un turista. A veces un noruego que viaja con un pack cerrado de todo incluido a un hotel playero de una cadena extranjera, y apenas sale de ahí, deja menos dinero real en la economía española que un polaco que compra un “Vueling”, contrata un “Airbnb” local, desayuna en el bar “Manolo”, compra en el Mercadona, se toma un helado en el pueblo, coge un autobús (o alquila un coche) para visitar la Alhambra (o el Museo del Real Madrid), pagando religiosamente la entrada etc.

Sin duda, el turismo es un gran invento y España (lo vimos en 2020) sufriría mucho sin él. Desde luego nuestro estado del bienestar le debe más a esa actividad que a los políticos que presumen “de lo público”. A los españoles cada vez nos cunde menos el sueldo y tenemos menos para gastar en “caprichos”, así que benditos sean los foráneos que vienen a disfrutar a España y dejan aquí sus dineros. ¿Que también sería ideal que fuéramos un referente mundial en semiconductores o en IA? Por supuesto, pero no menospreciemos por eso al turismo, más necesario que nunca dado el ánimo derrochador de nuestros gobernantes y la continua necesidad de ingresos que, por su culpa, el país necesita.

Legalizar lo ilegal

 

Con tantos canales de televisión y la necesidad de tantas cadenas de emitir durante 24 horas no sólo repiten muchos programas, también compran producciones extranjeras realmente curiosas. Uno de esos programas es “Control de Aduanas”, un documental australiano que muestra el trabajo de los agentes de fronteras, desde la detención de ilegales a la detección de productos prohibidos que transportan los viajeros que llegan al aeropuerto, pasando por los que los intentan introducir “cosas” por correo. A veces algún turista lleva un pasaporte falso o un visado engañoso, otras intentan introducir un arma o comida que se considerada un peligro biológico pero la mayor parte de los casos están relacionados con las drogas. Droga que viaja en imaginativos compartimentos secretos de la vestimenta, del equipaje y hasta en el interior del viajero así como oculta en cuadros, lámparas, botones y todo tipo de objetos.

El caso es que tras pillar al infractor, el programa –supongo que por afán didáctico- cuenta cómo el que ha intentado traer drogas a Australia acaba pasando unos cuantos años en la cárcel. Da la sensación que muchos presos de Australia lo son por este tema. Y no tengo cifras exactas pero no dudo que en todo el mundo los casos serán millones. Millones de personas que pierden su libertad y millones de dinero que se gastan en mantener en prisión a unas personas que sí, han hecho algo ilegal, pero que –al contrario que un ladrón o un asesino- no suponen, en principio, un peligro para la integridad física o económica de la ciudadanía. Y es que hay muchos productos que pueden hacer mucho daño –los coches por ejemplo y nadie critica a los concesionarios- pero al final es un tema de elección personal. Igual pasa con la prostitución: todos sabemos dónde está pero eso no significa que todos usemos sus servicios.

Yo he conocido en directo lo peor de la droga puesto que viví más de 20 años –y asistí al colegio y al instituto público- en una barriada –San Blas- cuando era uno de las zonas de Madrid donde más se consumía y traficaba. De hecho, esa experiencia me hizo asociar drogadicción y marginalidad. Pero cuando empecé a trabajar y moverme en ambientes “de pasta” con colegas de otra extracción social me di cuenta que no es tan simple. Era habitual que muchos de mis compañeros se tomaran casi a diario 5 o 6 gin-tonics y luego se fueran a casa conduciendo y de hecho, con el tiempo me di cuenta que el alcoholismo dentro de los “ejecutivos” era algo muy típico. Poco tardé en descubrir también el afán por la cocaína de muchos profesionales del mundo financiero a finales del siglo pasado. Gente joven que de repente ganaba mucho dinero asociaba la calidad de vida con el “putas y coca a tutiplén”.

Por los ambientes en los que me he movido podría haber sido un drogadicto pero no fue así. Creo que las drogas manipulan nuestra personalidad y nos restan capacidad de decisión y libertad y las desaconsejo pero ¿Por qué dar por hecho que si es legal se va a enganchar más gente si ya son accesibles? Está más que contrastado el fracaso de la política represiva contra la adicción. Es más, probablemente sería más difícil de conseguir el producto si fuera regulado porque todos sabemos dónde conseguir drogas y sin embargo yo ignoro cómo conseguir un arma si no es en una armería lo que demuestra que con puntos de venta oficiales la oferta no sería tan amplia y no estaría tan a mano.

Y vamos al tema económico: el dinero que mueve la droga y la prostitución no va a desaparecer por más control policial que pongamos y debemos aprender de la experiencia de tantos y tantos años sobre ello. ¿En serio se cree que alguna vez vamos a parar, por poner un ejemplo trágico reciente, a las mafias que intentan transportar estupefacientes por el Estrecho? Lo que sí podemos conseguir es que el negocio cambie de manos: legalizar todas las drogas supondría un beneficio enorme para el fisco, similar al de sustancias nocivas similares como el alcohol y el tabaco y lo mismo vale para la regulación de la prostitución. Desde un punto de vista de salud pública, también es mucho mejor un control de calidad “farmacológico” de los productos - ¿acaso no se hace ya con el reparto gratuito de metadona a los enganchados a la heroína? - y del buen estado “sanitario” de las mujeres que voluntariamente deciden alquilar su cuerpo. Y a esos beneficios hay que sumar una fuerte reducción de presos, que supone un ahorro de costes –tanto para el sector penitenciario como para el de seguridad policial y fronteriza- pero también una medida social, especialmente para acabar con el tráfico de mujeres. Siempre habrá –como pasa con las armas- algo de comercio ilegal y de mercado negro de drogas y prostitución pero sería muchísimo menor. En los EUA la Ley seca se derogó en 1933 tras 13 años de represión y los principales y más violentos delitos –como pasa hoy en día con las drogas ilegales- estuvieron en ese tiempo relacionados con la fabricación y el tráfico de licores. A día de hoy es anecdótico encontrar alguna destilería clandestina.

Y es que, al fin y al cabo, la droga está ahí, el que quiere encontrarla la encuentra –al igual que pasa con la prostitución- pero, repito, el consumirla es una decisión personal. Si alguien es lo bastante adulto como para tener un permiso que le permite conducir una máquina que puede matar –como un coche-, consumir productos que le provocan cáncer como el tabaco o entrar a una barra americana donde puede emborracharse o acostarse con una mujer que lo mismo está trabajando allí forzada ¿con qué argumento le vamos a negar que pueda fumarse un porro o meterse una raya de coca? Precisamente lo que hay que conseguir es que el consumidor no pueda abusar de su consumo regulando su venta, mejorar el producto para que no esté cortado con “mata-ratas” y que no haga millonario a un delincuente sino que genere beneficios a la sociedad por la vía fiscal. Y si alguien tiene reparos por hacer legal lo ilegal, ¿acaso no acaba este gobierno de regularizar a quienes han entrado ilegalmente en el país? Apliquemos esa misma flexibilidad, y legalicemos unas actividades que suponen menores gastos y mayores ingresos.

La solidaridad a veces duele

Un estudio genético global ha demostrado lo que la arqueología y la antropología ya habían indicado: absolutamente todos los tipos humanos del planeta, desde los esquimales a los aborígenes de Australia, desde los arios a los chinos, proceden de África. La ciencia pues ha demostrado que es absolutamente cierto lo de que todos somos hermanos si bien ha abierto nuevas dudas ya que se han encontrado restos humanos en la Patagonia que no han evolucionado genéticamente de los del norte de América –que a su vez proceden del grupo asiático- sino directamente del grupo humano original de África por lo que de algún modo -a día de hoy inexplicable- africanos primitivos llegaron por mar a Sudamérica cuando no existían barcos. Dejando esto de lado, lo cierto es que lo racional –y yo diría que lo ideal- sería que hubiera un nacionalismo humano, que el bienestar de otro hombre, aún a miles de kilómetros de distancia, fuera algo que nos preocupara tanto como el de un compatriota. Pero esto no pasa en la realidad.

Por casualidad ví en la televisión cómo un colombicultor explicaba que en épocas de hambre en España se criaban palomos que se soltaban para que ligaran con alguna hembra, trajeran a su vuelta a las jaulas a las palomas conseguidas y que éstas sirvieran de cena esa noche. Aún en la hoy rica China, en Shanghai, hay un mercado de compra-venta de palomas y de sus huevos porque se las comen. En la Gran Depresión se hizo famosa una frase de Grocuho Marx: “No entiendo de economía, pero sé que las cosas van bien cuando son los neoyorkinos los que dan de comer a las palomas y no las palomas las que dan de comer a los neoyorkinos”. Es decir, aún somos –en la Europa del siglo XXI en comparación a muchas zonas del planeta- unos privilegiados. Por supuesto tenemos toda la razón para quejarnos, tenemos derecho a ello y debemos hacerlo porque no es justo aceptar una involución como la que está provocando la mala gestión de nuestros dirigentes políticos pero nuestro problema –al menos aún- es de calidad de vida mientras que para cientos de millones de personas el problema es la supervivencia.

Por razones –también de casualidad y que no vienen al caso- acabé ayudando a un cura con el aluvión que –antes de la crisis de 2008- tenía de inmigrantes ilegales, especialmente con los de Europa del Este, que apenas chapurreaban algo de inglés y con los que no conseguía comunicarse. Era una labor enriquecedora y con la que aprendí mucho, desde cómo viven realmente los que duermen en la calle (su complicidad por ejemplo con encargados de grandes almacenes para asearse en los baños a unas determinadas horas) a las condiciones de los que consiguen, sin tener papeles, alguna habitación en algún piso-patera pasando por entender el pánico que suelen sentir todos por usar los albergues municipales por el miedo a robos (es curioso cómo los inmigrantes de un país de quién más desconfían es de los inmigrantes de otro país) etc. Y el proceso siempre era el mismo: en un primer momento, asustados como estaban por una posible deportación, agradecen exageradamente toda la atención que se les muestra, sus caras de alegría son toda una motivación pero en cuanto pasan algunos semanas y a veces en días, empiezan a poner peros a la ayuda que reciben. Recuerdo que nos llegó un cargamento de latas de kilo de carne en salsa procedentes del Ministerio de Asuntos Exteriores y que estaban destinadas a ayuda a países árabes (¿por qué llegó a un almacén de comida de Barcelona? Yo también lo pregunté pero nadie me lo supo explicar). El caso es que la etiqueta estaba en español y árabe y decía que el 100% del contenido era ternera (si no lo hacían así, por motivos religiosos podían rechazarlo al pensar que pudiera ser cerdo) y las repartimos pensando que estábamos ofreciendo un producto de mayor calidad de la habitual pero al día siguiente uno me dijo que se lo diera a mi perro, que estaba muy salado. También pasaba que ayudabas a alguien y luego lo veías comprando cervezas en el supermercado…

Pero la cosa fue peor con la crisis y la llegada de nacionales a los comedores: personas que se quejaban de la calidad de la comida, de que los yogures caducaban ese mismo día, de que tenían muy malas digestiones cada vez que comían allí… todo esto es subjetivo y lo mismo otro ha visto otra cosa pero en general ver a personas que se aprovechan de un comedor social para ahorrar y así poder pagar la letra de la hipoteca de ese mes cuando en otro lugar del mundo ese mismo alimento podría salvarle la vida a otro ser humano, me superaba. Me hizo valorar mucho más el trabajo tan poco reconocido de los miles de voluntarios que trabajan en el sector de la caridad en España. Yo no pude soportarlo y como ya no me necesitaban para el lenguaje porque los inmigrantes extranjeros se redujeron al mínimo me borré..

Malos precedentes para el próximo gobierno

 Sean cuando sean las próximas elecciones, todo apunta a que el resultado echará al actual presidente y se conformará una nueva mayoría. Eso denotaría que los españoles quieren un cambio pero se han sentado tantos precedentes en la actual legislatura que mucho me temo que los próximos tengan la tentación de repetir determinadas actuaciones, sobre todo porque la futurible oposición no podrá criticarlas sin caer en una absoluta contradicción. Centrándonos sólo en economía, lo que ha pasado estos años y se ha normalizado a pesar de su excepcionalidad, temo que vuelva a repetirse.

Por ejemplo, que no se aprueben los Presupuestos Generales del Estado, que incluso ni siquiera se lleguen a presentar. Algo que hasta ahora suponía la caída de un gobierno, ahora parece algo anecdótico cuando es la principal actividad de un ejecutivo: disponer dónde gastar los ingresos y el endeudamiento del estado. Gobernar por decreto-ley y ser arbitrario con los gastos sin pasar por el Parlamento es un escándalo, y una mala noticia para la economía (se pierde planificación e incentivos) y, sin embargo, lleva pasando años.

Esta arbitrariedad ha provocado hechos tan sorprendentes como el encontrar de repente millones de euros para comprar participaciones en Telefónica. Y con esto entramos en una nueva faceta que mucho me temo pueda convertirse en habitual también para los próximos: la injerencia en la actividad privada hasta el punto de usar dinero público para invertir en empresas que ni siquiera necesitan financiación. Una que sí necesitó dinero público para salir adelante fue Talgo pero le pasó porque el gobierno frenó una opa de una empresa húngara (miembro de la UE) que sí hubiera aportado los fondos, sin explicar el por qué. No obstante, sí se gastó el dinero de todos en empresas quebradas como Tubos Reunidos… o Plus Ultra.

Otro tema muy grave es la colonización de las instituciones que deberían ser independientes. En el tema económico hemos visto esta legislatura algo que no pasaba desde tiempos de Franco: nombrar gobernador del Banco de España a alguien que fue ministro hasta unas semanas antes. Este comportamiento se ha repetido en otros muchos cargos, politizando lo que no debería estarlo y colocando en empresas públicas a amigos del presidente sin cualificación (el caso del anterior presidente de Correos), interviniendo directamente en empresas privadas como Indra, o manteniendo en el cargo en Redeia a una exministra de Zapatero a pesar de su responsabilidad en el apagón de abril del año pasado. Todo esto perjudica a las empresas e instituciones públicas… y a la confianza de los inversores foráneos.

Tampoco podemos dejar pasar por alto la manipulación de las cifras macro. Siendo escandaloso lo del CIS, no deja de ser anecdótico en relación al apagón informativo que se ha propiciado desde el ministerio de Trabajo para maquillar la cifra real de parados del país. Algo que para el gran público ha pasado desapercibido es el fin de la publicación del número de trabajadores fijos discontinuos inactivos que figuraban en su estadística desde 2007. Esto es tan relevante como para que la tasa de paro pueda ser, si se incluyeran, 2,5 puntos más alta (es decir, se eliminaría la ficción gubernamental de haber bajado de los dos dígitos en tasa de paro). Y dejando de lado la polémica sobre si deberían o no incluirse en el dato oficial, lo que es vergonzoso es que se nos oculte aposta el dato. Los que presumían de transparencia.

Y es que una de las bazas propagandísticas del actual gobierno es la buena evolución del mercado laboral pero si rascamos y rascamos, resulta que, en un contexto internacional de mínimos de tasa de paro -debido en gran parte a temas demográficos- aquí las cuentas no salen. Baste un dato: En España existen al menos 10 provincias donde hay más personas cobrando el paro que parados registrados oficialmente (esto ocurre porque los trabajadores fijos discontinuos en periodos de inactividad cobran la prestación por desempleo, pero no computan como parados, como acabamos de mencionar), así como tampoco están en la estadística los que realizan cursos. Algo parecido ocurre con la cifra de afiliados a la Seguridad Social, que esconde el récord de pluriempleo que existe actualmente en España y que salen repetidos en esos números. Dudo mucho que el próximo ejecutivo vaya a resolver estos temas perjudicando con ello su propio desempeño.

Y es que los datos matan los relatos pero, por desgracia, mucha gente no se plantea si los datos son o no correctos. Esto ocurre con los números de la Seguridad Social cuando agencias de noticias (y medios que hacen corta y pega) hablan de superávit cuando su situación es de quiebra técnica ya que sus ingresos son mucho menores que sus gastos y vive de aportaciones directas de dinero público. La situación es tan grave que el agujero anual ronda los 60 mil millones de euros a la vez que el gobierno presume de récord de ingresos por afiliados. Incluso se hace publicidad de la “hucha de las pensiones” como si hubiera algún dinero sobrante que meter en alguna parte. La realidad es que vende muy bien afirmarlo pero lo que llaman “hucha” es endeudamiento, es como pedir un crédito -y pagar intereses por ello- para presumir de tener más dinero. Pero como cuela entre mucha gente, la tentación del próximo gobierno puede que sea seguir con esta ficción.

Hay tantos ejemplos de errores graves (y eso centrándonos sólo en temas económicos) del actual ejecutivo que se pueden volver a repetir en el próximo, que daría para varios artículos... 

Realidad a golpe de incendio

 

Mientras nuestro gobierno y sus palmeros siguen con la matraca del crecimiento del PIB nominal y la ficción estadística de los datos de desempleo como prueba del buen desempeño económico del país, nuestro llamado estado del bienestar no para de hacer aguas. La última han sido los incendios devastadores de los últimos días. Todos los veranos ocurre lo mismo, y el estado (desde la administración central a los municipios pasando por las autonomías), no son capaces de protegernos contra algo que todos sabemos que pasará. No se le puede echar la culpa al calentamiento global porque esto ya pasaba cuando yo era niño. Cierto que las altas temperaturas aumentan el riesgo pero el problema es la falta de inversión. Tanto en medidas preventivas como en herramientas contra el fuego. Esto no es más que un ejemplo más de la degradación de los servicios públicos, lo mismo que explica el desastre de la DANA de Valencia o el accidente ferroviario de Adamuz. Cada vez somos más usuarios y cada vez se gasta menos en servicios públicos. Y esto pasa con máximos de recaudación fiscal y con la enorme liquidez proporcionada por los fondos europeos Next Generation (según datos de la Airef sólo el 26% del dinero de éstos contra los incendios se ha llegado a ejecutar). Y esto generará más probabilidades de accidentes en carreteras que no tienen un buen mantenimiento, o -ojalá nunca pase- en una presa, o una lista de espera creciente en la sanidad que aumentará la mortalidad etc.

Normalmente cuando pasa algo muy malo el consuelo es que, tras este desafortunado hecho, se acometen reformas para que no vuelva a ocurrir. Por ejemplo, tras el accidente de Adamuz, el servicio de cercanías de Cataluña, del que se recibían quejas constantes, asumió al fin una muy necesaria revisión de puntos críticos. La situación era -y aún lo es- tan mala, que a día de hoy hay más tramos con limitaciones de velocidad que nunca. Y esto pasó porque hubo muertes en Córdoba, seguramente sin ellas la tragedia habría sucedido en algún “rodalíes”. Del mismo modo, aunque ni el gobierno ni Redeia asumieran la responsabilidad tras el apagón de abril de 2025, sí que se han tomado medidas para que no vuelva a ocurrir (y esperemos sean efectivas porque según parece hemos estado al borde de que volviera a suceder en varias ocasiones). Sin embargo, no ocurre lo mismo con los incendios. Las tragedias de cada verano no conducen a que se revise nada. Todo lo más a que nuestro presidente diga algo tan abstracto como que hace falta un pacto de estado contra el cambio climático.

Nuestro estado del bienestar empeora a pasos de gigante y el motivo es la mala gestión, la confusión de prioridades. Lo primero es que la mayor recaudación se va en demasía en pagar las pensiones públicas, es una partida de gasto que habría que recortar. Soy consciente de lo impopular que es eso pero es necesario. No obstante, también hay que recortar otros gastos (RTVE, publicidad institucional, ayuda al exterior, gasto político, subvenciones etc.) y fomentar inversiones rentables para el bienestar público. Si cada vez somos más los españoles, los servicios públicos deben estar mejor financiados. Y si no se hace, entonces no tenemos capacidad para seguir aumentando la población, aunque eso haga crecer el PIB. Para colmo, está la Ley de Nietos, que muchos están criticando por lo que amplía el censo electoral. No estoy seguro de si esos votos pueden ser decisivos pero a mí me preocupa mucho más el lado económico: ¿estamos seguros que regalar la nacionalidad española a habitantes de países más pobres que el nuestro no puede provocar una emigración masiva si ocurre una crisis allí? Ahora mismo Argentina, por poner un ejemplo, está mejorando su situación pero todos sabemos que las recesiones son cíclicas y que los países “emergentes” no son nada estables. Todos conocemos argentinos que emigraron a España en momentos malos, como últimamente ha pasado con los venezolanos. Si además son españoles por papeles, los incentivos para acudir aquí son mayores. Y como nacionales tendrán los mismos derechos a disfrutar de nuestro estado del bienestar.

No hay que ser un genio de las matemáticas para saber que a mayor población residente en España, habrá mayor demanda de vivienda (el otro gran problema del país) y de servicios públicos y por tanto hay que invertir más en construir y en la red de transporte y en la seguridad de la red eléctrica y en la sanidad etc. etc. Y lo más triste es que a veces no es sólo una cuestión de dinero, también de actuar con sentido común, que en el tema de los incendios ha brillado por su ausencia. Ya se había advertido que con las lluvias de febrero, sería necesario limpiar la excesiva vegetación, algo que no es tan costoso. Pero la prevención ha brillado por su ausencia, y es algo achacable 100% a nuestros gestores políticos. Y lo peor es que los ciudadanos nos metemos en discusiones “ideológicas” cuando es una cuestión de exigir a quien manda a que haga su trabajo. Porque si no, el próximo verano volveremos a sufrir lo mismo.

Nueve anécdotas

     Cuenta Séneca que se propuso una vez en el Senado que los esclavos se         distinguieran de los libres por el vestido. Inmediatamente se vio el peligro que     amenazaba “si nuestros esclavos empezaban a contarnos”

Qué forma más sutil de describir el riesgo que podían correr los “libres” si los esclavos fueran conscientes de su número y de su fuerza y qué gran metáfora para nuestro tiempo.

Durante la Segunda Guerra Mundial el gobierno inglés mandó imprimir dos millones y medio de posters con el lema “keep calm and carry on”, es decir, “mantengan la calma y sigan adelante”.

Aparte de ser una muestra más de la famosa flema británica, ejemplifica muy bien lo que los gobiernos de todo el mundo han intentado que hagamos durante las  crisis: aceptar los problemas con resignación y seguir como si nada pasara, especialmente para que no bajemos el consumo.

En 1856 el barco que llevaba desde la Metrópoli a la Guayana inglesa los sellos se retrasó y ello llevó a que en la colonia emitieran unos propios de color magenta y que para evitar su falsificación, fueran firmados por los expendedores. Hoy uno de esos sellos de 1 céntimo está valorado en 1 millón de $. Entre medias ha habido varias ventas y varias compras, cada vez por más valor, aunque ha beneficiado a muy pocos.

Así de arbitrarios parecen los movimientos de la bolsa.

En el Medievo había una ley que determinaba que en caso de haber un homicidio no resuelto en una determinada localidad, el municipio debía pagar una multa al rey. Así, cuando los vecinos de un pueblo encontraban un cadáver en la calle con claras muestras de violencia, en lugar de confiar en encontrar al culpable, en ocasiones portaban al fallecido hasta un pueblo cercano, abandonándolo allí. De ahí viene lo de “echar el muerto” a otro.

Y en pleno siglo XXI nuestros políticos siguen igual: no buscan al culpable dentro porque es más fácil echar la culpa al de fuera.

Durante siglos en Gran Bretaña al que era moroso se le condenaba con la cárcel hasta el pago de las deudas. Es obvio que dicho pago se entorpecía con la estancia en la cárcel, por lo que muchas condenas se transformaban en cadenas perpetuas. Peor era el Derecho Romano por el cual el deudor respondía como prenda de sus deudas con él mismo y su familia. La mayoría de romanos influyentes tenían en su propia residencia una cárcel donde encerraban por un máximo de 60 días a los morosos sujetos por una cadena de hierro y con alimentación reglamentada de tan sólo una libra de harina diaria. Si no se cumplía con la deuda tras ese encierro, el acreedor tenía derecho o bien a ejecutar directamente al deudor, o bien a llevarlo al mercado de esclavos. Y si el deudor lo era de varios acreedores se le podía descuartizar para “repartirlo”.

Como vemos, el problema de la morosidad no es nuevo

Según Manuel J. Prieto durante la Edad Media los taberneros españoles que acudían a la zona de La Mancha para comprar vino lo probaban antes de comprarlo y los bodegueros, para colocar algunos de sus peores barriles, ofrecían antes al comprador un poco de queso manchego antes de beber, de tal forma que el fuerte sabor de este hacía que el vino no fuera debidamente catado. El vino con mal sabor no era detectado por el comprador porque tenía el paladar corrompido por el queso. Así, se pagaba más por un caldo peor, y de ahí viene la expresión “dársela con queso”.

Esta anécdota la hemos vivido en política española innumerables veces.

El General Castaños por Navidad fue a una recepción con el Rey en palacio. Y a pesar de ser un día de diciembre, con el rigor térmico que esto conlleva, el General se vistió con el uniforme de verano. El Rey Fernando VII al verle así le preguntó cómo llevaba uniforme de verano con el frío que hacía, y con una fina ironía le contestó:: “Es que acabo de cobrar la paga de verano”

Como vemos, no hay nada nuevo en la Historia de España.

El Conde de Romanones quiso entrar en la Real Academia y para ello hizo gestiones individuales con los miembros y todos y cada uno de ellos le aseguraron el apoyo. Cuando no salió elegido, preguntó los votos positivos y cuando le respondieron que ninguno pronunció la histórica frase: “Joder, qué tropa” que se ha convertido en expresión popular.

Hay que fiarse de los hechos, las palabras se las lleva el viento.

Adam Smith, el considerado “padre” del capitalismo, decía en “La riqueza de las naciones”:

“Rara vez suelen juntarse las gentes ocupadas en la misma profesión u oficio, aunque sólo sea para distraerse o divertirse, sin que la conversación gire en torno a alguna conspiración contra el público o alguna maquinación para elevar los precios. En rigor, es imposible impedir esas reuniones por medio de una ley viable, o que sea compatible con la libertad y la justicia. Pero si la ley no puede impedir que las gentes de la misma profesión se reúnan algunas veces, por lo menos no debe hacer nada para facilitarlas, y, mucho menos, para convertirlas en necesarias.”

Como vemos, claramente advertía en contra de los cárteles y los lobbies…me viene a la cabeza por ejemplo la OPEP o la patronal eléctrica española… pero además no he podido evitar acordarme también de la UE.

Las amnistías fiscales no son políticas

 La simplificación, la ignorancia y por supuesto el fanatismo, dominan las redes sociales y gran parte de la opinión pública en cuanto se tocan temas que dejan mal al partido político que defienden. Un caso así sucedió con el tema de la amnistía a Puigdemont y a decenas de implicados en el ataque contra el estado español de septiembre y octubre de 2017. Todos hemos visto cómo personas que querían ver a todos -y no sólo a algunos- los responsables juzgados, y seguramente condenados, de repente, y ante el cambio de opinión de Sánchez (y de fácil el 90% del PSOE), han pasado a desear lo contrario, ni siquiera les molesta que la estabilidad del gobierno de España dependa de alguien que hasta julio de 2023 querían ver en prisión. Sus motivos son cosa suya pero hay quienes para defender ese insólito cambio de opinión y ese borreguismo de apoyar lo que decida Sánchez, aunque sea lo contrario que defendía (algo que ya pasó la pasada legislatura) de repente se han convertido en firmes defensores de la amnistía. Y uno de los argumentos que algunos de ellos han usado es que el PP de Montoro hizo una amnistía fiscal, como si fueran hechos comparables. Algo tan absurdo como Sánchez comparando una negociación con una banda terrorista en el extranjero con una reunión entre dos partidos políticos españoles en Suiza con un mediador.

En la España moderna ha habido tres grandes amnistías fiscales. Aunque estoy mayor, no lo estoy tanto como para acordarme de la primera, implantada por el ministro Boyer en la primera legislatura de Felipe González en 1984. Sí recuerdo la de 1991, puesto que ya trabajaba en los mercados financieros, que consistió, básicamente, en hacer aflorar el dinero negro escondido en pagarés del Tesoro comprando deuda pública al 2% cuando el tipo de interés habitual era el 13%. Ambas medidas, anteriores a la creación de la actual Agencia Tributaria (1992) buscaban lo mismo: que saliera a la luz un capital que hasta ese momento permanecía oculto para el fisco. Y a cambio, esos infractores sufrían un muy limitado prejuicio económico. Es decir, algo que éticamente chirría mucho pero que económicamente es muy positivo para el país, ya que ese dinero, del que nunca se obtuvo ningún ingreso fiscal, una vez regularizado, podía ser gravado por años. Y eso hizo que el PSOE de entonces lo apoyara y que J.L. Zapatero en 2010, insinuara que estaba pensando en una medida similar ante la crisis económica que sufría España (por cierto, el PP en la oposición lo criticó mucho).

En abril de 2012, pocos meses después de ganar las elecciones por mayoría absoluta, tras conocerse que la cifra del déficit público de 2011 resultó ser muy superior a lo anunciado por el anterior ejecutivo y en plena crisis de deuda en la Eurozona que encarecía las enormes necesidades de financiación del estado español, el ministro Montoro anuncia la, hasta ahora, última amnistía fiscal. La medida se fijaba en los 80.000 mil millones de euros que Italia recaudó en 2009 por una norma similar del gobierno de Berlusconi. Pero no pensemos que es una cuestión ideológica, ya que el gobierno de Tsipras, con su famoso ministro de economía Varoufakis (ambos entonces cercanos ideológicamente al Podemos de Pablo Iglesias) también ofrecieron en 2015 una amnistía fiscal en Grecia.

De nuevo, todas son éticamente criticables, puesto que dejan sin castigo a los infractores y son un prejuicio para los que sí cumplimos con Hacienda. Pero como medidas económicas, fueron muy positivas, tanto en su momento como para el futuro, sólo la de Montoro (que en mi opinión fue demasiado generosa con los infractores ya que gravó el 10% de sus rentas pero sólo de los cuatro años anteriores por lo que recaudó en ese momento menos de lo que debía) afloró para siempre 40.000 millones de euros. Ello fue resultado de las declaraciones extraordinarias de 29.065 personas físicas y 618 personas jurídicas (lista que algunos que hoy están en el gobierno defendían -cuando estaban en la oposición- que se hiciera pública, algo que nunca pasó) que hasta ese momento estaban ocultos para el fisco, y cuyo beneficio se amplía en el tiempo hasta la actualidad. Cinco años después Montoro la defendía con estas palabras: “En 2012 el Gobierno echó el anzuelo y tuvo que poner un cebo. Sin un cebo mínimamente atractivo, los pececitos se van a otro sitio o se quedan en el fondo del mar”. Es por eso que no sería extraño que en cualquier momento de necesidad se vuelva a repetir, con un gobierno de cualquier signo político.

En cualquier caso, creo es obvio que nada tiene que ver con la amnistía que el gobierno de P. Sánchez ofreció a Puigdemont y adláteres: las tres amnistías fiscales de nuestra democracia no convierten la evasión de capitales en algo legal que se puede repetir sin esperar consecuencias, fueron medidas económicas que no tuvieron ni implicaciones ni consecuencias políticas, ni se hicieron buscando el voto a favor de alguien favorecido, directamente, por esas medidas. Por último, la amnistía de 2012 del gobierno de Rajoy fue anulada por el Tribunal Constitucional en 2017 (por aprobarse como decreto-ley en vez de como ley) lo que a efectos prácticos no sirvió de nada, que es lo que supongo espera el PSOE: que pase tanto tiempo que dé igual que aprobaran algo que hasta julio de 2023 defendieron que era inconstitucional.