Me he pasado años criticando a los que pretendían salir de la última crisis con más derechos y menos obligaciones de los que teníamos antes de 2007, explicando que hasta que no se regularizaran nuestras cuentas públicas no podíamos mejorar la protección social de cuando la tasa de desempleo era de un dígito y la deuda pública era tres veces inferior a la actual, máxime cuando en los últimos años ha crecido tanto el déficit de la seguridad social debido al aumento de pensionistas y al envejecimiento poblacional que dispara el gasto sanitario. Y de repente, cuando al final los españoles habían elegido a un gobierno que ha demostrado en 2019, sin coronavirus, faltar a la más elemental de las prudencias con un déficit presupuestario del 2,7% (que no sólo rompió la tendencia a reducirlo de los últimos años, es que originariamente el compromiso era del 1,3% y el gobierno lo subió al 2% y ni por esas) a pesar de haber tenido un aumento de los ingresos, nos llega de repente una crisis que, fuera el que fuera el que gobernara, va a hundir la recaudación y disparar el gasto social.
Y como pasó cuando le tocó gobernar a Rajoy, que nadie dude que el siguiente paso será hacer ajustes, bruscos ajustes que hubieran sido más suaves –e incluso innecesarios si se racionalizaran mejor los gastos- si se hubieran hecho los últimos años. Tanto, que imagino que cuando haya que empezar a aplicarlos, UP se saldrá del gobierno porque desde la oposición criticándolo todo es como mejor pasarán la tormenta. Y es que no aprendemos, hay quien cree que defender que con un gobierno en déficit no se puede garantizar la revalorización de las pensiones es ser cruel o algo así. Y no, es que o se ingresa más o se gasta menos pero haber desaprovechado años de crecimiento económico y llegar a esta situación en máximos de deuda pública es una irresponsabilidad. Irresponsabilidad de los que gobiernan pero también de los que votan, de los que se creen que todo es posible sin mejorar la productividad de nuestra economía. Ahora sólo queda o ajustarnos solos o que nos ajusten desde Europa. Engañar a la gente diciéndoles que esto no va a ser así es de malos dirigentes políticos pero también es de ingenuos ciudadanos el creérselo.
Y más como se está afrontando esta situación en la actualidad. Hasta ahora, el peor dato mensual registrado era el de diciembre de 2008, tras la quiebra de Lehman Brothers, cuando se perdieron 27.200 empresas. Basta mirar los datos de marzo y abril para estar lógicamente asustados. Y es que hasta ahora el gobierno se ha centrado en los asalariados y éstos, aunque sean despedidos, tienen cobertura de desempleo, ya tienen un sistema legal de protección social. Y su situación es mala pero es reversible si vuelven a ser readmitidos/contratados pero para eso, tiene que haber empresas que contraten. Y el gobierno se ha olvidado de los empleadores. ¡Ni siquiera las administraciones públicas se han comprometido a pagar con premura a los proveedores y siguen haciéndolo a 120 días! ¿Y qué decir respecto a anunciar ahora prácticamente un aprobado general del curso a todos los niñ@s? A ver cómo podemos animarles ahora a que sigan estudiando durante el confinamiento… Ni aposta lo pueden hacer peor. El caso es que ahora el nuevo objetivo ya no es el 2007, es aspirar –y años nos costará si lo conseguimos- a volver a febrero de 2020, ese momento tan cercano y tan lejano en el que no éramos conscientes de lo bien que estábamos porque nos quejábamos y nos indignábamos… quién sabe ahora por qué.
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