La simplificación, la ignorancia y por supuesto el fanatismo, dominan las redes sociales y gran parte de la opinión pública en cuanto se tocan temas que dejan mal al partido político que defienden. Un caso así sucedió con el tema de la amnistía a Puigdemont y a decenas de implicados en el ataque contra el estado español de septiembre y octubre de 2017. Todos hemos visto cómo personas que querían ver a todos -y no sólo a algunos- los responsables juzgados, y seguramente condenados, de repente, y ante el cambio de opinión de Sánchez (y de fácil el 90% del PSOE), han pasado a desear lo contrario, ni siquiera les molesta que la estabilidad del gobierno de España dependa de alguien que hasta julio de 2023 querían ver en prisión. Sus motivos son cosa suya pero hay quienes para defender ese insólito cambio de opinión y ese borreguismo de apoyar lo que decida Sánchez, aunque sea lo contrario que defendía (algo que ya pasó la pasada legislatura) de repente se han convertido en firmes defensores de la amnistía. Y uno de los argumentos que algunos de ellos han usado es que el PP de Montoro hizo una amnistía fiscal, como si fueran hechos comparables. Algo tan absurdo como Sánchez comparando una negociación con una banda terrorista en el extranjero con una reunión entre dos partidos políticos españoles en Suiza con un mediador.
En la España moderna ha habido tres grandes amnistías
fiscales. Aunque estoy mayor, no lo estoy tanto como para acordarme de la
primera, implantada por el ministro Boyer en la primera legislatura de Felipe
González en 1984. Sí recuerdo la de 1991, puesto que ya trabajaba en los
mercados financieros, que consistió, básicamente, en hacer aflorar el dinero
negro escondido en pagarés del Tesoro comprando deuda pública al 2% cuando el tipo de interés
habitual era el 13%. Ambas medidas, anteriores a la creación de la actual
Agencia Tributaria (1992) buscaban lo mismo: que saliera a la luz un capital
que hasta ese momento permanecía oculto para el fisco. Y a cambio, esos
infractores sufrían un muy limitado prejuicio económico. Es decir, algo que
éticamente chirría mucho pero que económicamente es muy positivo para el país,
ya que ese dinero, del que nunca se obtuvo ningún ingreso fiscal, una vez
regularizado, podía ser gravado por años. Y eso hizo que el PSOE de entonces lo
apoyara y que J.L. Zapatero en 2010, insinuara que estaba pensando en una
medida similar ante la crisis económica que sufría España (por cierto, el PP en
la oposición lo criticó mucho).
En abril de 2012, pocos meses después de ganar las
elecciones por mayoría absoluta, tras conocerse que la cifra del déficit
público de 2011 resultó ser muy superior a lo anunciado por el anterior
ejecutivo y en plena crisis de deuda en la Eurozona que encarecía las enormes
necesidades de financiación del estado español, el ministro Montoro anuncia la,
hasta ahora, última amnistía fiscal. La medida se fijaba en los 80.000 mil
millones de euros que Italia recaudó en 2009 por una norma similar del gobierno
de Berlusconi. Pero no pensemos que es una cuestión ideológica, ya que el
gobierno de Tsipras, con su famoso ministro de economía Varoufakis (ambos
entonces cercanos ideológicamente al Podemos de Pablo Iglesias) también
ofrecieron en 2015 una amnistía fiscal en Grecia.
De nuevo, todas son éticamente criticables, puesto que
dejan sin castigo a los infractores y son un prejuicio para los que sí
cumplimos con Hacienda. Pero como medidas económicas, fueron muy positivas,
tanto en su momento como para el futuro, sólo la de Montoro (que en mi opinión
fue demasiado generosa con los infractores ya que gravó el 10% de sus rentas
pero sólo de los cuatro años anteriores por lo que recaudó en ese momento menos
de lo que debía) afloró para siempre 40.000 millones de euros. Ello fue resultado de las declaraciones
extraordinarias de 29.065 personas físicas y 618 personas jurídicas (lista que
algunos que hoy están en el gobierno defendían -cuando estaban en la oposición-
que se hiciera pública, algo que nunca pasó) que hasta ese
momento estaban ocultos para el fisco, y cuyo beneficio se amplía en el tiempo
hasta la actualidad. Cinco años después Montoro la defendía con estas palabras:
“En 2012 el Gobierno echó el anzuelo
y tuvo que poner un cebo. Sin un cebo mínimamente atractivo, los pececitos se
van a otro sitio o se quedan en el fondo del mar”. Es por eso que no
sería extraño que en cualquier momento de necesidad se vuelva a repetir, con un
gobierno de cualquier signo político.
En cualquier caso, creo es obvio que nada tiene que
ver con la amnistía que el gobierno de P. Sánchez ofreció a Puigdemont y
adláteres: las tres amnistías fiscales de nuestra democracia no convierten la
evasión de capitales en algo legal que se puede repetir sin esperar
consecuencias, fueron medidas económicas que no tuvieron ni implicaciones ni
consecuencias políticas, ni se hicieron buscando el voto a favor de alguien favorecido,
directamente, por esas medidas. Por último, la amnistía de 2012 del gobierno de
Rajoy fue anulada por el Tribunal Constitucional en 2017 (por aprobarse como
decreto-ley en vez de como ley) lo que a efectos prácticos no sirvió de nada,
que es lo que supongo espera el PSOE: que pase tanto tiempo que dé igual que
aprobaran algo que hasta julio de 2023 defendieron que era inconstitucional.
No hay comentarios:
Publicar un comentario