Los datos son muy claros: en la última década el gasto
público se ha incrementado un 50% (en realidad, la mitad si tenemos en cuenta
la inflación pero sigue siendo una cifra alta) y la presión fiscal sobre el
contribuyente ha aumentado 4 puntos del PIB, lo que unido al crecimiento de
éste, ha impulsado la recaudación en más del 70% (de nuevo podemos restarle la
mitad por la inflación pero sigue siendo un número enorme). Es decir, cada vez
pagamos más impuestos, cada vez el estado recauda más, cada vez el gobierno
destina más de ese dinero al gasto público pero… la mayoría se va en pagar
pensiones y otros gastos sociales como el IMV y mientras, caen las inversiones
en casi todas las demás partidas, a pesar del aumento de dinero. Esto se ha
traducido en peores servicios públicos, algo que prácticamente todos -incluso
los que siguen apoyando a este gobierno- percibimos. El problema mayor es que
ese empeoramiento cuesta vidas, no sólo por el desgraciado accidente
ferroviario de Adamuz, también en hospitales con mayores listas de espera por ejemplo. Y
si a eso se suma el factor corrupción, el mal destino de lo recaudado por Hacienda
empeora todavía más la situación.
Cuando alguien minimiza el gasto en señoritas de
compañía, sobornos, mordidas etc. que se han vivido en la gestión de los fondos
públicos en España, con el argumento de que son una cantidad muy pequeña en
comparación a las partidas presupuestadas, está confundiendo el verdadero coste
de la corrupción. Más allá de temas éticos y más allá de que es intolerable lo
que, por ejemplo, ha pasado en el Ministerio de Transportes durante la época de
Ábalos, parecen olvidar que el asignar determinadas obras a empresas que han
pagado por su adjudicación, implica que no se ha optado por las más confiables
ni por las de precio más competitivo ni, en resumen, por las mejores. Esto
tiene una repercusión directa en el mal servicio al ciudadano. Y, en ocasiones,
ese daño incluso se traduce en accidentes mortales, y éstos en una reducción de
la sensación de seguridad necesaria para el viajero, y esa desconfianza quién
sabe si en menos turistas, nacionales y extranjeros,
Es como las subvenciones mal asignadas, que no sólo
aportan un dinero público inmerecido a determinadas compañías, además perjudica
a las que sí lo merecen pero no les llegan los fondos. Y si no hay sólo un
error de gestión, sino que además viene de una mordida (como parece en el caso
de la aerolínea Plus Ultra), de nuevo la corrupción perjudica al tejido
empresarial del país, restando eficiencia y productividad a nuestra economía. Incluso
lo que no suele denominarse corrupción y suele serlo (como gastar dinero a
espuertas en empresas públicas deficitarias buscando efectos propagandísticos,
caso RTVE por ejemplo), también tiene un coste que va más allá de ese dinero
malgastado. Porque lo que se dedica a esos propósitos, no se destina adonde
debe, que puede ser perfectamente la supervisión de una vía de tren. Y es que
nada debería ser tratado con más cuidado y honestidad que el dinero público,
puesto que de él depende en gran parte nuestra seguridad. Educación, sanidad,
transportes… todo es parte de unos presupuestos limitados. Y lo que se saque de
ellos para llenar los bolsillos de quienes no lo merecen, deja de estar para lo
necesario. Esto es algo muy obvio, y cada cargo público tiene una obligación ética
pero también económica. Y no valen excusas.
Tampoco es ni ético ni económicamente adecuado comprar
votos en el Parlamento a costa de aumentar la desigualdad territorial, otra
forma de corrupción. Lo que ocurre es que los últimos tiempos en España estamos
normalizando lo que jamás debería ocurrir, como que el gobierno por puro afán
de poder, no convoque elecciones y prefiera seguir prorrogando los Presupuestos
Generales del Estado año tras año. También es una forma de corrupción hacer
algo a sabiendas de que es lo peor para tu país, ya que no tener Presupuestos
impide muchas inversiones necesarias y aumenta la arbitrariedad de las mismas
(facilitando con ello la corrupción), ya que nada está asignado previamente.
Gastarse más de dos mil millones de euros en adquirir el 10% de Telefónica
es un ejemplo perfecto de esto, ¿cómo es posible que sin Presupuestos esto haya
podido ocurrir? Y sobre todo, ¿Cuál es la verdadera razón de que se haya hecho?
Nadie ha visto ninguna mejora de ningún tipo en la compañía, ni se pueden
establecer criterios de servicio público, pero curiosamente sí hemos encontrado
que Movistar ha adquirido un documental, que nadie más durante años ha querido
comprar, sobre Pedro Sánchez en la Moncloa y que todo apunta a que tiene un
sesgo claramente propagandístico. ¿Acaso eso no es corrupción también? Como si
no fuera bastante con el dinero de todos que se tira en cadenas de televisión
públicas por todo el país.
Del mismo modo, que en otras democracias avanzadas
haya dimisiones porque se asuman responsabilidades políticas de los errores y
de las mentiras y en España los afectados no se den por aludidos, incluso
cuando una mayoría de parlamentarios lo pida, también es una forma de
corrupción. Empeñarse en mantener a cargo de un ministerio a alguien claramente
inadecuado es lo contrario de un buen servicio público e insisto, es un
problema, además de político, económico. Aunque claro, en buena lid nuestro
presidente no podría cesar a nadie por lo mismo que él lleva haciendo años.
