Legalizar lo ilegal

 

Con tantos canales de televisión y la necesidad de tantas cadenas de emitir durante 24 horas no sólo repiten muchos programas, también compran producciones extranjeras realmente curiosas. Uno de esos programas es “Control de Aduanas”, un documental australiano que muestra el trabajo de los agentes de fronteras, desde la detención de ilegales a la detección de productos prohibidos que transportan los viajeros que llegan al aeropuerto, pasando por los que los intentan introducir “cosas” por correo. A veces algún turista lleva un pasaporte falso o un visado engañoso, otras intentan introducir un arma o comida que se considerada un peligro biológico pero la mayor parte de los casos están relacionados con las drogas. Droga que viaja en imaginativos compartimentos secretos de la vestimenta, del equipaje y hasta en el interior del viajero así como oculta en cuadros, lámparas, botones y todo tipo de objetos.

El caso es que tras pillar al infractor, el programa –supongo que por afán didáctico- cuenta cómo el que ha intentado traer drogas a Australia acaba pasando unos cuantos años en la cárcel. Da la sensación que muchos presos de Australia lo son por este tema. Y no tengo cifras exactas pero no dudo que en todo el mundo los casos serán millones. Millones de personas que pierden su libertad y millones de dinero que se gastan en mantener en prisión a unas personas que sí, han hecho algo ilegal, pero que –al contrario que un ladrón o un asesino- no suponen, en principio, un peligro para la integridad física o económica de la ciudadanía. Y es que hay muchos productos que pueden hacer mucho daño –los coches por ejemplo y nadie critica a los concesionarios- pero al final es un tema de elección personal. Igual pasa con la prostitución: todos sabemos dónde está pero eso no significa que todos usemos sus servicios.

Yo he conocido en directo lo peor de la droga puesto que viví más de 20 años –y asistí al colegio y al instituto público- en una barriada –San Blas- cuando era uno de las zonas de Madrid donde más se consumía y traficaba. De hecho, esa experiencia me hizo asociar drogadicción y marginalidad. Pero cuando empecé a trabajar y moverme en ambientes “de pasta” con colegas de otra extracción social me di cuenta que no es tan simple. Era habitual que muchos de mis compañeros se tomaran casi a diario 5 o 6 gin-tonics y luego se fueran a casa conduciendo y de hecho, con el tiempo me di cuenta que el alcoholismo dentro de los “ejecutivos” era algo muy típico. Poco tardé en descubrir también el afán por la cocaína de muchos profesionales del mundo financiero a finales del siglo pasado. Gente joven que de repente ganaba mucho dinero asociaba la calidad de vida con el “putas y coca a tutiplén”.

Por los ambientes en los que me he movido podría haber sido un drogadicto pero no fue así. Creo que las drogas manipulan nuestra personalidad y nos restan capacidad de decisión y libertad y las desaconsejo pero ¿Por qué dar por hecho que si es legal se va a enganchar más gente si ya son accesibles? Está más que contrastado el fracaso de la política represiva contra la adicción. Es más, probablemente sería más difícil de conseguir el producto si fuera regulado porque todos sabemos dónde conseguir drogas y sin embargo yo ignoro cómo conseguir un arma si no es en una armería lo que demuestra que con puntos de venta oficiales la oferta no sería tan amplia y no estaría tan a mano.

Y vamos al tema económico: el dinero que mueve la droga y la prostitución no va a desaparecer por más control policial que pongamos y debemos aprender de la experiencia de tantos y tantos años sobre ello. ¿En serio se cree que alguna vez vamos a parar, por poner un ejemplo trágico reciente, a las mafias que intentan transportar estupefacientes por el Estrecho? Lo que sí podemos conseguir es que el negocio cambie de manos: legalizar todas las drogas supondría un beneficio enorme para el fisco, similar al de sustancias nocivas similares como el alcohol y el tabaco y lo mismo vale para la regulación de la prostitución. Desde un punto de vista de salud pública, también es mucho mejor un control de calidad “farmacológico” de los productos - ¿acaso no se hace ya con el reparto gratuito de metadona a los enganchados a la heroína? - y del buen estado “sanitario” de las mujeres que voluntariamente deciden alquilar su cuerpo. Y a esos beneficios hay que sumar una fuerte reducción de presos, que supone un ahorro de costes –tanto para el sector penitenciario como para el de seguridad policial y fronteriza- pero también una medida social, especialmente para acabar con el tráfico de mujeres. Siempre habrá –como pasa con las armas- algo de comercio ilegal y de mercado negro de drogas y prostitución pero sería muchísimo menor. En los EUA la Ley seca se derogó en 1933 tras 13 años de represión y los principales y más violentos delitos –como pasa hoy en día con las drogas ilegales- estuvieron en ese tiempo relacionados con la fabricación y el tráfico de licores. A día de hoy es anecdótico encontrar alguna destilería clandestina.

Y es que, al fin y al cabo, la droga está ahí, el que quiere encontrarla la encuentra –al igual que pasa con la prostitución- pero, repito, el consumirla es una decisión personal. Si alguien es lo bastante adulto como para tener un permiso que le permite conducir una máquina que puede matar –como un coche-, consumir productos que le provocan cáncer como el tabaco o entrar a una barra americana donde puede emborracharse o acostarse con una mujer que lo mismo está trabajando allí forzada ¿con qué argumento le vamos a negar que pueda fumarse un porro o meterse una raya de coca? Precisamente lo que hay que conseguir es que el consumidor no pueda abusar de su consumo regulando su venta, mejorar el producto para que no esté cortado con “mata-ratas” y que no haga millonario a un delincuente sino que genere beneficios a la sociedad por la vía fiscal. Y si alguien tiene reparos por hacer legal lo ilegal, ¿acaso no acaba este gobierno de regularizar a quienes han entrado ilegalmente en el país? Apliquemos esa misma flexibilidad, y legalicemos unas actividades que suponen menores gastos y mayores ingresos.

La solidaridad a veces duele

Un estudio genético global ha demostrado lo que la arqueología y la antropología ya habían indicado: absolutamente todos los tipos humanos del planeta, desde los esquimales a los aborígenes de Australia, desde los arios a los chinos, proceden de África. La ciencia pues ha demostrado que es absolutamente cierto lo de que todos somos hermanos si bien ha abierto nuevas dudas ya que se han encontrado restos humanos en la Patagonia que no han evolucionado genéticamente de los del norte de América –que a su vez proceden del grupo asiático- sino directamente del grupo humano original de África por lo que de algún modo -a día de hoy inexplicable- africanos primitivos llegaron por mar a Sudamérica cuando no existían barcos. Dejando esto de lado, lo cierto es que lo racional –y yo diría que lo ideal- sería que hubiera un nacionalismo humano, que el bienestar de otro hombre, aún a miles de kilómetros de distancia, fuera algo que nos preocupara tanto como el de un compatriota. Pero esto no pasa en la realidad.

Por casualidad ví en la televisión cómo un colombicultor explicaba que en épocas de hambre en España se criaban palomos que se soltaban para que ligaran con alguna hembra, trajeran a su vuelta a las jaulas a las palomas conseguidas y que éstas sirvieran de cena esa noche. Aún en la hoy rica China, en Shanghai, hay un mercado de compra-venta de palomas y de sus huevos porque se las comen. En la Gran Depresión se hizo famosa una frase de Grocuho Marx: “No entiendo de economía, pero sé que las cosas van bien cuando son los neoyorkinos los que dan de comer a las palomas y no las palomas las que dan de comer a los neoyorkinos”. Es decir, aún somos –en la Europa del siglo XXI en comparación a muchas zonas del planeta- unos privilegiados. Por supuesto tenemos toda la razón para quejarnos, tenemos derecho a ello y debemos hacerlo porque no es justo aceptar una involución como la que está provocando la mala gestión de nuestros dirigentes políticos pero nuestro problema –al menos aún- es de calidad de vida mientras que para cientos de millones de personas el problema es la supervivencia.

Por razones –también de casualidad y que no vienen al caso- acabé ayudando a un cura con el aluvión que –antes de la crisis de 2008- tenía de inmigrantes ilegales, especialmente con los de Europa del Este, que apenas chapurreaban algo de inglés y con los que no conseguía comunicarse. Era una labor enriquecedora y con la que aprendí mucho, desde cómo viven realmente los que duermen en la calle (su complicidad por ejemplo con encargados de grandes almacenes para asearse en los baños a unas determinadas horas) a las condiciones de los que consiguen, sin tener papeles, alguna habitación en algún piso-patera pasando por entender el pánico que suelen sentir todos por usar los albergues municipales por el miedo a robos (es curioso cómo los inmigrantes de un país de quién más desconfían es de los inmigrantes de otro país) etc. Y el proceso siempre era el mismo: en un primer momento, asustados como estaban por una posible deportación, agradecen exageradamente toda la atención que se les muestra, sus caras de alegría son toda una motivación pero en cuanto pasan algunos semanas y a veces en días, empiezan a poner peros a la ayuda que reciben. Recuerdo que nos llegó un cargamento de latas de kilo de carne en salsa procedentes del Ministerio de Asuntos Exteriores y que estaban destinadas a ayuda a países árabes (¿por qué llegó a un almacén de comida de Barcelona? Yo también lo pregunté pero nadie me lo supo explicar). El caso es que la etiqueta estaba en español y árabe y decía que el 100% del contenido era ternera (si no lo hacían así, por motivos religiosos podían rechazarlo al pensar que pudiera ser cerdo) y las repartimos pensando que estábamos ofreciendo un producto de mayor calidad de la habitual pero al día siguiente uno me dijo que se lo diera a mi perro, que estaba muy salado. También pasaba que ayudabas a alguien y luego lo veías comprando cervezas en el supermercado…

Pero la cosa fue peor con la crisis y la llegada de nacionales a los comedores: personas que se quejaban de la calidad de la comida, de que los yogures caducaban ese mismo día, de que tenían muy malas digestiones cada vez que comían allí… todo esto es subjetivo y lo mismo otro ha visto otra cosa pero en general ver a personas que se aprovechan de un comedor social para ahorrar y así poder pagar la letra de la hipoteca de ese mes cuando en otro lugar del mundo ese mismo alimento podría salvarle la vida a otro ser humano, me superaba. Me hizo valorar mucho más el trabajo tan poco reconocido de los miles de voluntarios que trabajan en el sector de la caridad en España. Yo no pude soportarlo y como ya no me necesitaban para el lenguaje porque los inmigrantes extranjeros se redujeron al mínimo me borré..

Malos precedentes para el próximo gobierno

 Sean cuando sean las próximas elecciones, todo apunta a que el resultado echará al actual presidente y se conformará una nueva mayoría. Eso denotaría que los españoles quieren un cambio pero se han sentado tantos precedentes en la actual legislatura que mucho me temo que los próximos tengan la tentación de repetir determinadas actuaciones, sobre todo porque la futurible oposición no podrá criticarlas sin caer en una absoluta contradicción. Centrándonos sólo en economía, lo que ha pasado estos años y se ha normalizado a pesar de su excepcionalidad, temo que vuelva a repetirse.

Por ejemplo, que no se aprueben los Presupuestos Generales del Estado, que incluso ni siquiera se lleguen a presentar. Algo que hasta ahora suponía la caída de un gobierno, ahora parece algo anecdótico cuando es la principal actividad de un ejecutivo: disponer dónde gastar los ingresos y el endeudamiento del estado. Gobernar por decreto-ley y ser arbitrario con los gastos sin pasar por el Parlamento es un escándalo, y una mala noticia para la economía (se pierde planificación e incentivos) y, sin embargo, lleva pasando años.

Esta arbitrariedad ha provocado hechos tan sorprendentes como el encontrar de repente millones de euros para comprar participaciones en Telefónica. Y con esto entramos en una nueva faceta que mucho me temo pueda convertirse en habitual también para los próximos: la injerencia en la actividad privada hasta el punto de usar dinero público para invertir en empresas que ni siquiera necesitan financiación. Una que sí necesitó dinero público para salir adelante fue Talgo pero le pasó porque el gobierno frenó una opa de una empresa húngara (miembro de la UE) que sí hubiera aportado los fondos, sin explicar el por qué. No obstante, sí se gastó el dinero de todos en empresas quebradas como Tubos Reunidos… o Plus Ultra.

Otro tema muy grave es la colonización de las instituciones que deberían ser independientes. En el tema económico hemos visto esta legislatura algo que no pasaba desde tiempos de Franco: nombrar gobernador del Banco de España a alguien que fue ministro hasta unas semanas antes. Este comportamiento se ha repetido en otros muchos cargos, politizando lo que no debería estarlo y colocando en empresas públicas a amigos del presidente sin cualificación (el caso del anterior presidente de Correos), interviniendo directamente en empresas privadas como Indra, o manteniendo en el cargo en Redeia a una exministra de Zapatero a pesar de su responsabilidad en el apagón de abril del año pasado. Todo esto perjudica a las empresas e instituciones públicas… y a la confianza de los inversores foráneos.

Tampoco podemos dejar pasar por alto la manipulación de las cifras macro. Siendo escandaloso lo del CIS, no deja de ser anecdótico en relación al apagón informativo que se ha propiciado desde el ministerio de Trabajo para maquillar la cifra real de parados del país. Algo que para el gran público ha pasado desapercibido es el fin de la publicación del número de trabajadores fijos discontinuos inactivos que figuraban en su estadística desde 2007. Esto es tan relevante como para que la tasa de paro pueda ser, si se incluyeran, 2,5 puntos más alta (es decir, se eliminaría la ficción gubernamental de haber bajado de los dos dígitos en tasa de paro). Y dejando de lado la polémica sobre si deberían o no incluirse en el dato oficial, lo que es vergonzoso es que se nos oculte aposta el dato. Los que presumían de transparencia.

Y es que una de las bazas propagandísticas del actual gobierno es la buena evolución del mercado laboral pero si rascamos y rascamos, resulta que, en un contexto internacional de mínimos de tasa de paro -debido en gran parte a temas demográficos- aquí las cuentas no salen. Baste un dato: En España existen al menos 10 provincias donde hay más personas cobrando el paro que parados registrados oficialmente (esto ocurre porque los trabajadores fijos discontinuos en periodos de inactividad cobran la prestación por desempleo, pero no computan como parados, como acabamos de mencionar), así como tampoco están en la estadística los que realizan cursos. Algo parecido ocurre con la cifra de afiliados a la Seguridad Social, que esconde el récord de pluriempleo que existe actualmente en España y que salen repetidos en esos números. Dudo mucho que el próximo ejecutivo vaya a resolver estos temas perjudicando con ello su propio desempeño.

Y es que los datos matan los relatos pero, por desgracia, mucha gente no se plantea si los datos son o no correctos. Esto ocurre con los números de la Seguridad Social cuando agencias de noticias (y medios que hacen corta y pega) hablan de superávit cuando su situación es de quiebra técnica ya que sus ingresos son mucho menores que sus gastos y vive de aportaciones directas de dinero público. La situación es tan grave que el agujero anual ronda los 60 mil millones de euros a la vez que el gobierno presume de récord de ingresos por afiliados. Incluso se hace publicidad de la “hucha de las pensiones” como si hubiera algún dinero sobrante que meter en alguna parte. La realidad es que vende muy bien afirmarlo pero lo que llaman “hucha” es endeudamiento, es como pedir un crédito -y pagar intereses por ello- para presumir de tener más dinero. Pero como cuela entre mucha gente, la tentación del próximo gobierno puede que sea seguir con esta ficción.

Hay tantos ejemplos de errores graves (y eso centrándonos sólo en temas económicos) del actual ejecutivo que se pueden volver a repetir en el próximo, que daría para varios artículos... 

Realidad a golpe de incendio

 

Mientras nuestro gobierno y sus palmeros siguen con la matraca del crecimiento del PIB nominal y la ficción estadística de los datos de desempleo como prueba del buen desempeño económico del país, nuestro llamado estado del bienestar no para de hacer aguas. La última han sido los incendios devastadores de los últimos días. Todos los veranos ocurre lo mismo, y el estado (desde la administración central a los municipios pasando por las autonomías), no son capaces de protegernos contra algo que todos sabemos que pasará. No se le puede echar la culpa al calentamiento global porque esto ya pasaba cuando yo era niño. Cierto que las altas temperaturas aumentan el riesgo pero el problema es la falta de inversión. Tanto en medidas preventivas como en herramientas contra el fuego. Esto no es más que un ejemplo más de la degradación de los servicios públicos, lo mismo que explica el desastre de la DANA de Valencia o el accidente ferroviario de Adamuz. Cada vez somos más usuarios y cada vez se gasta menos en servicios públicos. Y esto pasa con máximos de recaudación fiscal y con la enorme liquidez proporcionada por los fondos europeos Next Generation (según datos de la Airef sólo el 26% del dinero de éstos contra los incendios se ha llegado a ejecutar). Y esto generará más probabilidades de accidentes en carreteras que no tienen un buen mantenimiento, o -ojalá nunca pase- en una presa, o una lista de espera creciente en la sanidad que aumentará la mortalidad etc.

Normalmente cuando pasa algo muy malo el consuelo es que, tras este desafortunado hecho, se acometen reformas para que no vuelva a ocurrir. Por ejemplo, tras el accidente de Adamuz, el servicio de cercanías de Cataluña, del que se recibían quejas constantes, asumió al fin una muy necesaria revisión de puntos críticos. La situación era -y aún lo es- tan mala, que a día de hoy hay más tramos con limitaciones de velocidad que nunca. Y esto pasó porque hubo muertes en Córdoba, seguramente sin ellas la tragedia habría sucedido en algún “rodalíes”. Del mismo modo, aunque ni el gobierno ni Redeia asumieran la responsabilidad tras el apagón de abril de 2025, sí que se han tomado medidas para que no vuelva a ocurrir (y esperemos sean efectivas porque según parece hemos estado al borde de que volviera a suceder en varias ocasiones). Sin embargo, no ocurre lo mismo con los incendios. Las tragedias de cada verano no conducen a que se revise nada. Todo lo más a que nuestro presidente diga algo tan abstracto como que hace falta un pacto de estado contra el cambio climático.

Nuestro estado del bienestar empeora a pasos de gigante y el motivo es la mala gestión, la confusión de prioridades. Lo primero es que la mayor recaudación se va en demasía en pagar las pensiones públicas, es una partida de gasto que habría que recortar. Soy consciente de lo impopular que es eso pero es necesario. No obstante, también hay que recortar otros gastos (RTVE, publicidad institucional, ayuda al exterior, gasto político, subvenciones etc.) y fomentar inversiones rentables para el bienestar público. Si cada vez somos más los españoles, los servicios públicos deben estar mejor financiados. Y si no se hace, entonces no tenemos capacidad para seguir aumentando la población, aunque eso haga crecer el PIB. Para colmo, está la Ley de Nietos, que muchos están criticando por lo que amplía el censo electoral. No estoy seguro de si esos votos pueden ser decisivos pero a mí me preocupa mucho más el lado económico: ¿estamos seguros que regalar la nacionalidad española a habitantes de países más pobres que el nuestro no puede provocar una emigración masiva si ocurre una crisis allí? Ahora mismo Argentina, por poner un ejemplo, está mejorando su situación pero todos sabemos que las recesiones son cíclicas y que los países “emergentes” no son nada estables. Todos conocemos argentinos que emigraron a España en momentos malos, como últimamente ha pasado con los venezolanos. Si además son españoles por papeles, los incentivos para acudir aquí son mayores. Y como nacionales tendrán los mismos derechos a disfrutar de nuestro estado del bienestar.

No hay que ser un genio de las matemáticas para saber que a mayor población residente en España, habrá mayor demanda de vivienda (el otro gran problema del país) y de servicios públicos y por tanto hay que invertir más en construir y en la red de transporte y en la seguridad de la red eléctrica y en la sanidad etc. etc. Y lo más triste es que a veces no es sólo una cuestión de dinero, también de actuar con sentido común, que en el tema de los incendios ha brillado por su ausencia. Ya se había advertido que con las lluvias de febrero, sería necesario limpiar la excesiva vegetación, algo que no es tan costoso. Pero la prevención ha brillado por su ausencia, y es algo achacable 100% a nuestros gestores políticos. Y lo peor es que los ciudadanos nos metemos en discusiones “ideológicas” cuando es una cuestión de exigir a quien manda a que haga su trabajo. Porque si no, el próximo verano volveremos a sufrir lo mismo.