Mientras nuestro gobierno y sus palmeros siguen con la
matraca del crecimiento del PIB nominal y la ficción estadística de los datos
de desempleo como prueba del buen desempeño económico del país, nuestro llamado
estado del bienestar no para de hacer aguas. La última han sido los incendios
devastadores de los últimos días. Todos los veranos ocurre lo mismo, y el
estado (desde la administración central a los municipios pasando por las
autonomías), no son capaces de protegernos contra algo que todos sabemos que
pasará. No se le puede echar la culpa al calentamiento global porque esto ya
pasaba cuando yo era niño. Cierto que las altas temperaturas aumentan el riesgo
pero el problema es la falta de inversión. Tanto en medidas preventivas como en
herramientas contra el fuego. Esto no es más que un ejemplo más de la
degradación de los servicios públicos, lo mismo que explica el desastre de la
DANA de Valencia o el accidente ferroviario de Adamuz. Cada vez somos más
usuarios y cada vez se gasta menos en servicios públicos. Y esto pasa con
máximos de recaudación fiscal y con la enorme liquidez proporcionada por los
fondos europeos Next Generation (según datos de la Airef sólo el 26% del
dinero de éstos contra los incendios se ha llegado a ejecutar). Y esto generará
más probabilidades de accidentes en carreteras que no tienen un buen
mantenimiento, o -ojalá nunca pase- en una presa, o una lista de espera
creciente en la sanidad que aumentará la mortalidad etc.
Normalmente cuando pasa algo muy malo el consuelo es
que, tras este desafortunado hecho, se acometen reformas para que no vuelva a
ocurrir. Por ejemplo, tras el accidente de Adamuz, el servicio de cercanías de
Cataluña, del que se recibían quejas constantes, asumió al fin una muy
necesaria revisión de puntos críticos. La situación era -y aún lo es- tan mala,
que a día de hoy hay más tramos con limitaciones de velocidad que nunca. Y esto
pasó porque hubo muertes en Córdoba, seguramente sin ellas la tragedia habría
sucedido en algún “rodalíes”. Del mismo modo, aunque ni el gobierno ni Redeia
asumieran la responsabilidad tras el apagón de abril de 2025, sí que se han
tomado medidas para que no vuelva a ocurrir (y esperemos sean efectivas porque
según parece hemos estado al borde de que volviera a suceder en varias
ocasiones). Sin embargo, no ocurre lo mismo con los incendios. Las tragedias de
cada verano no conducen a que se revise nada. Todo lo más a que nuestro
presidente diga algo tan abstracto como que hace falta un pacto de estado
contra el cambio climático.
Nuestro estado del bienestar empeora a pasos de
gigante y el motivo es la mala gestión, la confusión de prioridades. Lo primero
es que la mayor recaudación se va en demasía en pagar las pensiones públicas,
es una partida de gasto que habría que recortar. Soy consciente de lo impopular
que es eso pero es necesario. No obstante, también hay que recortar otros
gastos (RTVE, publicidad institucional, ayuda al exterior, gasto político,
subvenciones etc.) y fomentar inversiones rentables para el bienestar público.
Si cada vez somos más los españoles, los servicios públicos deben estar mejor
financiados. Y si no se hace, entonces no tenemos capacidad para seguir
aumentando la población, aunque eso haga crecer el PIB. Para colmo, está la Ley
de Nietos, que muchos están criticando por lo que amplía el censo electoral. No
estoy seguro de si esos votos pueden ser decisivos pero a mí me preocupa mucho
más el lado económico: ¿estamos seguros que regalar la nacionalidad española a
habitantes de países más pobres que el nuestro no puede provocar una emigración
masiva si ocurre una crisis allí? Ahora mismo Argentina, por poner un ejemplo,
está mejorando su situación pero todos sabemos que las recesiones son cíclicas
y que los países “emergentes” no son nada estables. Todos conocemos argentinos
que emigraron a España en momentos malos, como últimamente ha pasado con los
venezolanos. Si además son españoles por papeles, los incentivos para acudir
aquí son mayores. Y como nacionales tendrán los mismos derechos a disfrutar de
nuestro estado del bienestar.
No hay que ser un genio de las matemáticas para saber
que a mayor población residente en España, habrá mayor demanda de vivienda (el
otro gran problema del país) y de servicios públicos y por tanto hay que
invertir más en construir y en la red de transporte y en la seguridad de la red
eléctrica y en la sanidad etc. etc. Y lo más triste es que a veces no es sólo
una cuestión de dinero, también de actuar con sentido común, que en el tema de
los incendios ha brillado por su ausencia. Ya se había advertido que con las
lluvias de febrero, sería necesario limpiar la excesiva vegetación, algo que no
es tan costoso. Pero la prevención ha brillado por su ausencia, y es algo
achacable 100% a nuestros gestores políticos. Y lo peor es que los ciudadanos
nos metemos en discusiones “ideológicas” cuando es una cuestión de exigir a
quien manda a que haga su trabajo. Porque si no, el próximo verano volveremos a
sufrir lo mismo.
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