Si bien ideológicamente la dictadura franquista es considerada de derechas por sus valores conservadores, su política económica se acerca más a la izquierda, de hecho fueron muy similares las medidas tomadas por el franquismo más duro en España y el castrismo en Cuba. Lo que ocurre es que en 40 años hubo muchos vaivenes y en la década de 1960 se aprecia una ligera liberalización pero, con todo y con eso, muchos de los puntos del programa económico de Unidas Podemos (sí, UP y no Vox) ya existieron en aquella época: grandes empresas públicas (muchas en situación de monopolio), bancos públicos (y con los privados muy intervenidos, de hecho durante la mayor parte del franquismo estuvieron prohibidos los bancos extranjeros), control de precios (eso que ahora se quiere volver a imponer), mucha vivienda de protección oficial, alquileres subvencionados (la famosa Renta Antigua que tantos años perduró), gran protección al trabajador contra su despido etc. etc.
Tras el Plan de Estabilización
de 1959 en el que la economía autárquica franquista da un giro radical, y en el
ambiente de la Guerra Fría –consigue el apoyo decidido de los Estados Unidos a
cambio, entre otras cosas, de las bases militares-, España crece de 1960 a 1973
más que ningún otro país de Europa (lo que nos seguía situando en la cola –en
1973 nuestro PIB per cápita era el 64% del europeo- ya que partíamos desde muy
atrás), nos abrimos al turismo y se dispararon las contrataciones en el sector
servicios y la construcción. También es cierto que se cometieron muchos errores ya que -igual
que pasó años después con las cajas de ahorros-, con la concesión de vías
privilegiadas de crédito y de otras ventajas a determinados sectores y empresas
públicas y privadas, los gobiernos de Franco provocaron que la inversión
industrial se distribuyera en función de los intereses políticos o particulares
de los dirigentes de turno, y no conforme a la rentabilidad o a las
expectativas de futuro de cada sector.
Tanto crecimiento económico
repentino provocó un alza de precios importante, siendo habitual un IPC por
encima del 8% en el comienzo de la década de 1970. Cuando llega la crisis
mundial de 1973 por la subida del precio del crudo (que se cuadruplicó de
octubre de 1973 a enero de 1974), la reacción del débil gobierno español,
atenazado entre la decrepitud del jefe de estado y la muerte del presidente
Carrero Blanco ese diciembre, fue intentar calmar los ánimos y tomar medidas
sociales que supusieron pan para aquel hoy y problemas para el mañana. De
hecho, repercutieron sólo parcialmente al consumidor la subida del crudo (era
aún más importante que ahora puesto que las centrales térmicas que sostenían la
mayor parte de la electricidad del país usaban fuel) y no aplicaron ninguna
medida de ajuste ni de control de la inflación, subiendo los salarios incluso
por encima del IPC.
Cuando en el verano de 1976
llega Adolfo Suárez al poder el empeoramiento de las cuentas públicas es muy evidente:
la inflación supera el 20% y el desempleo -que apenas superaba las 100 mil
personas 3 años antes- llegaba al medio millón. El terrorismo, las huelgas y
toda clase de problemas derivados de los cambios políticos no ayudaban a una
economía que iba sin rumbo. Como hicieron los últimos gobiernos franquistas,
intentó aplacar las consecuencias de la crisis con concesiones a los que más
protestaban; el mejor ejemplo en formato legal es la Ley de Relaciones
Laborales de 1976 que, según recogen medios sindicalistas de izquierdas “es sin
duda la cota más alta de derechos laborales individuales que jamás hemos
alcanzado: readmisión en sus propios términos ante el despido improcedente;
presunción directa de la contratación indefinida; disminución de la jornada
laboral de 48 a 44 horas semanales y descanso de 12 horas entre jornada y
jornada; descanso de 15 minutos en la jornada continua de 6 horas; autorización
administrativa para la modificación del horario; ampliación de la maternidad
posparto a 8 semanas y de la excedencia por maternidad hasta 3 años;
constitución del FOGASA; previsión de la revisión semestral del SMI si el
índice general del coste de la vida aumentaba un 5%, etc.”
Pero tras las elecciones de 1977 Suárez comprende que la economía se está yendo a pique y es entonces cuando encarga al profesor Enrique Fuentes Quintana (al que le concede una vicepresidencia económica) que saque al país del atolladero. Con minoría parlamentaria y la necesidad de ajustes, el panorama se tornaba sombrío pero la oposición -e incluso los sindicatos- estuvieron a la altura y en octubre de 1977 se firman los Pactos de la Moncloa que derivaron –muy resumidamente- en dos medidas económicas: Un ajuste económico a corto plazo basado en la contención salarial, una política monetaria restrictiva, la reducción del déficit público y la adopción de un sistema de cambios flotantes para la peseta, con la consiguiente devaluación. Y la introducción de algunas reformas: modernización del sistema fiscal, aprobación de un nuevo marco legal para las relaciones laborales y liberalización del sistema financiero.
Como vemos, todos cedieron y todos esos
“ajustes” tuvieron cierto éxito en la reducción de la inflación, si bien
redujeron el crecimiento. Y la única similitud de la situación actual con los
Pactos de la Moncloa originales (la política monetaria más restrictiva) viene impuesta
por BCE, nada tiene que ver con el gobierno.
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