Un 155 inoportuno

De las pocas cosas que no se han comentado demasiado sobre las próximas elecciones generales está el tema del Senado. Si el PP va a ser acusado de incoherente porque en 2016 reclamó el apoyo del PSOE para investir a Rajoy con el argumento de que eran los más votados pero no parecen dispuestos a devolver el favor al PSOE si, como dicen las encuestas, esta vez son ellos los más votados, al PSOE le puede pasar que tras criticar en esta mini-legislatura el poder de bloqueo (o más bien de retrasar las iniciativas) del Senado, ahora puede que, siempre en el supuesto de que sean los más votados, sean ellos los que dominen en el Senado (solos o con apoyo de otros aliados) e intenten bloquear una posible mayoría en el Congreso de PP+Cs y Vox. Pero aparte de esto el Senado tiene una particularidad muy importante: es quien decide si se aplica o no el 155 a Cataluña, algo que prometen aplicar PP, Cs y Vox pero que podrían no poder ejecutar aunque gobiernen si no disponen de mayoría en el Senado.

Salvo unos pocos, creo que la gran mayoría –PSOE incluido- de los españoles estuvo a favor de aplicar el 155 cuando Puigdemont declaró, justo antes de largarse sin dar instrucción ninguna para aplicarla, la independencia- Pero aquel consenso es muy difícil que exista ahora cuando el “desafío independentista”  no supone ninguna ruptura de las reglas de juego constitucionales sino que las fricciones son más simbólicas que prácticas. Además, en lo económico el 155 de finales de 2017 fue muy positivo porque tranquilizó mucho los ánimos tanto del consumidor como del inversor, entre otras cosas porque su aplicación fue pacífica y, contra lo que muchos pensaban, muy colaborativa por parte de los funcionarios de la Generalitat. Al final el deterioro de la situación se revirtió muy rápido y aunque hayan quedado algunas heridas, lo cierto es que 2018 ha sido un muy buen año, en lo económico, para Cataluña. Pero un 155 ahora cuando no hay necesidad de cambiar ninguna tendencia negativa no tendría sentido económico.

Circula este gráfico en el que se ve la inversión extranjera directa en Madrid y Cataluña desde 1995 y se puede ver lo espectacular que resulta el efecto capitalidad ya que Madrid acumula el 60% de toda la inversión en el país la última década y en 2018 el 85% de toda la inversión extranjera en España fue a Madrid

Pero yo haría alguna salvedad y es que la enorme ventaja de 2018 puede deberse a que Madrid, al ser la capital, ha atraído, justo el año pasado, algo de lo captado en España gracias al Bréxit que si bien no es mucho en comparación a lo que se han llevado otros países, sí que distorsiona la cifra habitual. Eso sí, está claro que Cataluña sufre un retroceso de volumen de inversión extranjera directa. Viendo los números se aprecia muy bien:

• Madrid   1993: 3.099,49M€ 2003: 6.293,79M€ 2013: 8.876,03M€ 2016: 11.587,98M€ 2018: 39.925,36M€
• Cataluña 1993: 1.395,88M€ 2003: 1.320,94M€ 2013: 3.672,66M€ 2016: 8.273,81M€   2018: 2.985,65M€

Si bien las consecuencias de esto sólo se apreciarán en el medio plazo, es otra prueba más de que económicamente el inicio de un proceso de secesión no es una buena idea, como tampoco lo está siendo la separación del Reino Unido de la UE y eso que romper esa unión – menos estrecha y menos dilatada en el tiempo- es mucho más fácil que tratar de romper España. Lo paradójico es que ni las evidencias, ni los datos ni la constatación de que gran parte del discurso de los políticos independentistas eran falsos (decían que tras el 1-O tendrían apoyo internacional y de la UE por ejemplo) cambia la opinión de los votantes y si lo hace, no sería en gran medida como tampoco está pasando en el Reino Unido (apenas unas décimas según las encuestas y más por una posible mayor participación que por otra cosa) a pesar del caos del Bréxit y de las comprobadas mentiras que dijeron los partidarios del Sí. Pero así es la democracia, si en Cataluña el poder autonómico va a seguir en manos de políticos independentistas porque los votantes quieren, mientras los actos de éstos no sean ilegales, un nuevo 155 no tendría justificación y podría ser contraproducente tanto a nivel político (en la UE habría quien no lo entendería) como a nivel económico.